Grande-Marlaska realizó estas afirmaciones en el Congreso de los Diputados en respuesta al parlamentario del PNV Mikel Legarda, quien le preguntó sobre las medidas que España piensa implantar para garantizar el derecho a solicitar protección internacional en sus misiones diplomáticas por parte de personas de terceros países.

Según expuso Legarda en su interpelación, la falta de un reglamento que desarrolle el artículo 38 de la Ley de Asilo impide que las personas que hayan abandonado su país puedan reclamar protección internacional en las embajadas y consulados españoles en un tercer Estado, tal y como establece la norma.

En su opinión, esta “obligación ‘de facto’ de entrar en territorio español para pedir asilo cierra el acceso a vías legales y seguras” y “empuja a muchas personas a los muy peligrosos viajes a través del mar” y a protagonizar entradas ilegales en las fronteras terrestres.

El ministro repuso que no se debe “confundir el derecho lícito” a la protección internacional con “los flujos de migración irregular”, como “a veces sucede”.

“No me refiero a usted, señor Legarda”, precisó, "pero sí es cierto que en ocasiones se mezclan protección internacional con inmigración e , incluso, con los asaltos a la frontera”.

Grande-Marlaska señaló que en los dos últimos años, España ha tramitado 4.203 solicitudes de protección internacional presentadas fuera de sus fronteras, a las que hay que sumar 1.521 expedientes por reagrupación o extensión familiar .

En este punto, destacó que su departamento está trabajando junto al Ministerio de Asuntos Exteriores en un protocolo conjunto para reducir el tiempo de resolución. “No es necesario tratar de derribar las fronteras de España y de Europa”, recalcó, y “5.824 personas nos lo han demostrado en los dos últimos años”, dijo.

El diputado del PNV expuso el caso de un ciudadano sudanés, conocido como Basir, que “sobrevivió a la tragedia de Melilla”, de donde fue “expulsado a Marruecos”.

Esta persona es perseguida en su país de origen por su religión católica (a su padre y su hermano los asesinaron por este motivo), y agregó que procede del estado de Korforán del Sur, uno de los más afectados por la creciente violencia en Sudán.

Tras ser expulsado de Melilla, pidió protección internacional en diciembre en la embajada española en Rabat (Marruecos). “A día de hoy, no tiene ninguna noticia ni recibe ninguna ayuda”. Mientras, todos los ciudadanos sudaneses que lograron “eludir la frontera y presentar su solicitud en territorio español” han ingresado en el sistema Nacional de Acogida, puntualizó Legarda. Sus peticiones están siendo estudiadas y se les presta asistencia, agregó.

A su juicio, el Gobierno invoca la falta de desarrollo reglamentario (del artículo 38 de la Ley de Asilo) según le conviene”. Ante el tribunal Europeo de Derechos Humanos, aseguró que “España dispone de vías legales y seguras para pedir protección internacional en embajadas y consulados”, relató, por lo que logró una sentencia favorable ante el recurso de dos ciudadanos subsaharianos expulsados en caliente en la frontera.

En cambio, “menos de un año después”, EL Gobierno señaló que “era necesario un desarrollo reglamentario” del citado artículo para determinar en qué condiciones “un embajador podía decidir el traslado de un solicitante de asilo a territorio nacional y sobre la resolución de su expediente, criticó Legarda.

En su opinión, el caso de Basir “sitúa a España frente al espejo de sí de verdad ofrece la posibilidad de pedir asilo fuera de sus fronteras” a personas de países distintos al Estado donde se quiere presentar la petición.

Muchos de ellos han tenido que huir por la guerra o el miedo a la persecución, prosiguió, y esta “inexistencia de vías legales les empuja a actos peligrosos”, como los saltos a la valla (en Ceuta y Melilla) o a cruzar el Mediterráneo.

MEJORAS EN LA OAR

Grande-Marlaska mostró su “disposición y predisposición” a impulsar nuevas reformas administrativas, “siempre que contemos con los medios y recursos necesarios”, porque “no se trata de hacer por hacer”.

“Somos un país que apuesta por vías legales y seguras para regular los flujos migratorios”, y apostó por la coordinación con los socios europeos”.

Aseguró que durante su presidencia de turno de la UE, España intentará acelerar el acuerdo sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que “también contribuirá” a reforzar el sistema de protección internacional.

“Por supuesto que queremos seguir avanzando en los mecanismos para mejorar en protección internacional”, y destacó que entre 2018 y2022 la Oficina de Refugio y Asilo )OAR) ha multiplicado por cinco su personal. De 60 trabajadores hemos pasado a 300, “mejor formados y más especializados”, declaró.

Según apuntó, España es el tercer país de la UE que “más peticiones de protección internacional recibe”, con 391.500 en 2022. Entre 2019 y 2022, se resolvieron el 87% de las solicitudes, ijo, frente al 35% entre 2015 y 2018 o al 42% de media en el período 2012-2015.

Grande-Marlaska también puso en valor las más de 174.000 protecciones temporales concedidas a ciudadanos de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa y la reducción del 25,6% en la inmigración irregular registrada durante 2022.

Por último, afirmó que la Secretaría de Estado de Seguridad e Instituciones Penitenciarias “están redactando una instrucción para que se puedan presentar peticiones de asilo desde las prisiones” y avanzó que en breve, el personal de la OAR dispondrá de una nueva app que “agilizará su trabajo”.

En su opinión, el sistema de protección internacional en España “es robusto y funciona de forma razonablemente adecuada”.