Marín compareció en rueda de prensa para explicar "la situación exacta" de esa reforma, después de un "malentendido" creado la semana pasada tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Tras aquella reunión, el portavoz del PP, Eduardo Zaplana, al que Marín no nombró, anunció que el presidente del Congreso "tira la toalla" asumiendo que no habrá nuevo Reglamento en esta legislatura.

Marín precisó que Zaplana no había estado en esa reunión y que su afirmación había sido "justamente la contraria". Explicó que encuentros bilaterales discretos con todos los grupos abrieron "espacios de futuro entendimiento", y pidió a los grupos que se dejara pasar el aniversario de la Constitución para retomar después el asunto.

Se declaró por ello "sorprendido" ante las palabras del portavoz del PP y expuso detalladamente el estado de la reforma para evitar nuevos malentendidos y dar un impulso definitivo a la iniciativa.

Aseguró que el trabajo "está concluido" y ha sido loable por parte de los grupos parlamentarios y de los servicios de la Cámara, en beneficio del Parlamento y de todos los ciudadanos.

"No debemos buscar nuevos pretextos para no aprobar la reforma del Congreso, no existe ningún problema, ninguna justificación para que no se tome la decisión definitiva que apruebe la reforma del Congreso", sentenció.

DEL "TOSTÓN" A LA AGILIDAD

El principio de acuerdo alcanzado en esas reuniones bilaterales consiste en aprobar un nuevo Reglamento con rango de ley que establezca el procedimiento legislativo, el presupuestario y el control al Gobierno.

En un cuerpo aparte, sin rango de ley, se aglutinarían las resoluciones seleccionadas por los servicios de la Cámara a lo largo de los últimos veinte años en cuanto a normas de funcionamiento, es decir, desde cómo se hace un orden del día a cómo se tramita una resolución.

Ese texto sería una especie de "pacto político" entre la Mesa del Congreso y los grupos parlamentarios, que evitaría, según Marín, "el noventa por ciento de las cuestiones de orden y de debates sobre procedimiento" que actualmente lastran la actividad parlamentaria.

En definitiva, dijo el presidente, la reforma permitiría pasar "de un Parlamento tostón" y una institución ágil, pegada a los intereses de los ciudadanos, que podría desprenderse de la mala imagen y la desconfianza que cada vez dejan más claras las encuestas.

El procedimiento legislativo, por ejemplo, dejaría todas las enmiendas para las comisiones correspondientes, de forma que el pleno sólo acogería debates políticos generales sobre la oportunidad y el fondo de la iniciativa objeto de debate.

No habría enmiendas en sesión plenaria, de forma que se ahorrará "horas y horas de votación de enmiendas que nadie comprende".

En el control al Gobierno, se introduciría las interpelaciones al presidente y la figura del "debate de actualidad".

Entre esas interpelaciones al presidente y los debates de actualidad, Marín explicó que habría al menos un debate importante al mes, sobre asuntos que están en ese momento entre los intereses de los ciudadanos.

Además, se incorporaría la figura de la Oficina Presupuestaria, para proporcionar un exacto y pormenorizado conocimiento del estado de las cuentas públicas en todo momento.

"REHÉN" DE LAS LENGUAS

Marín aseguró que la llamada "cuestión lingüística", la reclamación de los grupos minoritarios para utilizar las lenguas cooficiales en las sesiones del Congreso, es "un problema superado".

Explicó que el Congreso está desarrollando ya de forma natural un procedimiento de comunicación con parlamentos y gobiernos autonómicos de comunidades con lengua cooficial que no supone problema alguno.

Consiste, simplemente, en que esos parlamentos y gobiernos autonómicos se dirigen al Congreso con un sistema de traducción, de forma que todos los textos llegan con dobles columnas, una en castellano y otra en la lengua cooficial.

Ese procedimiento, extendido para el derecho de petición de los ciudadanos, es el que exige la legalidad vigente al Congreso, en concreto el Estatuto de Cataluña recientemente aprobado.

Pero ninguna ley, dijo Marín, exige al Congreso que se utilicen oralmente las lenguas cooficiales en las sesiones plenarias.

El grupo que más exigencias plantea en este asunto es Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), al que Marín, según explicó, ofreció tiempo para que buscara consenso de los demás grupos sobre una fórmula aceptada por todos. Si ese acuerdo no se consigue, sentenció, no se puede imponer nada que no figura en ley alguna.

A día de hoy, aseguró Marín, el asunto de las lenguas es "un pretexto" como otros, utilizado por algunos grupos para "tomar como rehén" la reforma del Reglamento del Congreso y exigir al Parlamento estatal más de lo que le exigen los propios gobiernos y parlamentos autonómicos.

Otra cosa, precisó, es la anunciada "Ley de Lenguas" que promoverá el Gobierno de la Generalitat de Cataluña para su envío a Cortes Generales y que obligaría a las instituciones estatales a la utilización de las lenguas cooficiales.

Esa ley deberá llegar al Congreso y ser debatida. En caso de ser aprobada, el funcionamiento de la Cámara debería atenerse a su contenido, pero "así es como se hacen las cosas", dijo Marín.

MODERNIZACIÓN SIN SENTIDO

Así las cosas, Marín considera posible que el proyecto de ley de Reglamento sea tomado en consideración por el pleno al comienzo del próximo periodo de sesiones, para su paso a ponencia y comisión antes de aprobación definitiva.

Mientras, podrían empezar a aplicarse algunas de las normas de funcionamiento del cuerpo anexo, mediante una disposición transitoria para que no haya complicaciones de solapamiento con el proyecto de ley.

Por ello, tiene intención de comunicar personalmente a cada diputado el estado de la cuestión, para que sea consciente de la realidad de la reforma, y tratar así de que no haya más excusas de los grupos.

Marín subrayó que está en marcha desde hace un año un programa de modernización del Congreso por fases, en el que entra la posibilidad de que a partir del próximo año cada grupo pueda tener su propia página web dentro de la oficial de la Cámara, que podrá hacer como quiera.

Posteriormente el servidor permitirá a cada diputado hacer también su página personal, y finalmente habrá enlaces para que la página principal del Congreso pueda leerse en todas las lenguas cooficiales, incluso en todas las extranjeras de los países con cuyos parlamentos haya colaboración para asuntos concretos.

Se trata de un ambicioso programa de modernización que incluye también el objetivo de que cada diputado tenga un asistente personal y una infraestructura tecnológica adecuada a los nuevos tiempos.

Todo eso sería absurdo, concluyó Marín, si el Congreso se sigue rigiendo por un Reglamento que supone "un corsé" legal al desarrollo de todo ese potencial.