Representantes de todas las asociaciones españolas de defensa del cannabis acudieron esta mañana al Defensor del Pueblo, con el fin de pedir la supresión de los artículos 23 h. y 25 de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como "ley Corcuera", que, a su juicio, está mnoscabando derechos fundamentales y provocando casos de indefensión y arbitrariedad.

Al término de la reunión, los defensores del consumo de marihuana y cannabis señalaron que, aunque desde la Oficina del Defensor del Pueblo se han mostrado reacios a proponer una reforma de esta ley, sí han mostrado su interés por hacer un estudio pormenorizado de los casos en los que se han impuesto sanciones administrativas por consumo de cannabis.

Además, según los recurrentes, este organismo solicitará al Minsterio de Interior que informe sobre los criterios en los que se basa la policía para proceder a cacheos, registros o identificaciones que llevan a intervenir las sustancias, y determinar a partir de ahí una "posible arbitrariedad o un posible abuso en la aplicación de esta ley".

Según las mismas fuentes, la Oficina del Defensor del Pueblo ha visto factible presentar algunas recomendaciones al Ministerio del Interior para que la policía, en sus denuncias, desglose por sustancias las sanciones y que seexpecifique si son por tenencia, por consumo o por abandono de objetos que han servido para el consumo.

A juicio de los defensores del cannabis, en algunos casos se podría ver facilmente con estas precisiones que se está "estirando la ley como un chicle" porque en el caso del hachís el objeto que ha servido para el consumo de droga sólo puede ser una colilla, y la ley se hizo para evitar el abandono de jeringuillas en lugares públicos.