Según informó la Rajyl, ambos ocuparán las vacantes producidas por los fallecimientos de Gustavo Villapalos y Rafael de Mendizábal, respectivamente. María José de la Fuente ostentará la medalla número 21 y Enrique Arnaldo recibirá la número 16.

Los dos nuevos académicos de número han sido los únicos candidatos que se presentaron a ocupar las citadas vacantes. María José de la Fuente fue propuesta por las académicas Encarnación Roca Trías, Ana Fernández- Tresguerres García y Rosario Silva de Lapuerta; mientras que la candidatura de Enrique Arnaldo fue presentada por José Antonio Escudero López, Tomás Ramón Fernández Rodríguez y Pedro Gonzalez-Trevijano.

Una vez que han sido elegidos, su ingreso efectivo se producirá tras las lecturas de los correspondientes discursos de ingreso, lo que se producirá en los próximos meses.

María José de la Fuente y de la Calle fue presidenta del Tribunal de Cuentas entre julio de 2018 y finales de noviembre de 2021. Ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas en 1993, donde ha prestado sus servicios. En 2012 fue elegida por la Cortes Generales consejera de la Institución, encomendándole la responsabilidad del Departamento de Fiscalización de Entidades Locales y la corresponsabilidad del Departamento de Fiscalización de Partidos Políticos.

En diciembre de 2014 fue nombrada vocal de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, a propuesta del Tribunal de Cuentas. Es autora de artículos y publicaciones en libros y revistas especializadas en materias relativas a la gestión económico-financiera del sector público y su control, y ha sido ponente en jornadas y seminarios nacionales e internacionales.

Por su parte, Enrique Arnaldo es licenciado y doctor en Derecho, así como catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos desde el 13 de febrero de 2014, encontrándose en la actualidad en situación de servicios especiales.

Pertenece al cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, en el que ingresó en 1986, y en el que se mantuvo en servicio activo, salvo en el periodo 1996-2001, hasta su toma de posesión como magistrado del Tribunal Constitucional, nombrado a propuesta del Congreso de los Diputados, en noviembre de 2021, momento en que pasó a la situación de servicios especiales.