En dicha misiva, Mañueco subraya que tanto España como Castilla y León afrontan “problemas muy serios que necesitan de unidad entre administraciones, sentido de Estado y rigor en la gestión para ser abordados”.

Por ello, lamenta profundamente que el Gobierno de Sánchez, “en vez de afrontar los problemas reales de la ciudadanía, haya decidido combatir con inusitada dureza una cuestión irreal, y haya anunciado el envío de un requerimiento a la Junta de Castilla y León sobre un asunto inexistente”.

En este sentido, le reitera por escrito que “no habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción del embarazo, que está ajustado a la legislación nacional vigente y al criterio clínico en cada caso”. “No se obligará a nada ni a los facultativos ni a las mujeres, por lo que le ruego abandone los esfuerzos de su Gobierno en cuestiones ficticias para poder centrarse en la realidad y en sus competencias”, traslada en su escrito a Sánchez.

“Hubiésemos preferido que el Ministerio de Sanidad hubiera ejercido en este caso sus competencias para paliar el déficit de médicos que padece nuestra Atención Primaria a nivel nacional o que el Ministerio de Igualdad se preocupase por los dos centenares de agresores sexuales que ya han visto rebajadas sus penas o salido de prisión en toda España por la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual”, señala en su carta Mañueco.

El presidente de la Junta de Castilla y León incide así en que afrontar estos dos asuntos serviría para resolver “un problema real sanitario que el Gobierno no ha querido afrontar en cuatro años y corregido los efectos de un grave perjuicio a los derechos de las mujeres que el Ejecutivo ha cometido directamente”.

“Lamento su indolencia en ambos casos y le solicito que reflexione al respecto. Con todo respeto, el Gobierno que ha provocado el mayor retroceso en la defensa de las mujeres con una ley equivocada y aún no corregida carece de autoridad para dar lecciones en esta materia”, señala Mañueco por carta al jefe del Ejecutivo.

Además, defiende que Castilla y León es una comunidad que siempre ha hecho gala de “un sentido inquebrantable de la lealtad institucional”. “Es por ello que también resulta revelador que el mismo Gobierno que ha iniciado un proceso de requerimiento contra esta Administración por este asunto ignore que otros Ejecutivos autonómicos incumplan sistemáticamente la legislación española en ámbitos como la educación”, agrega.

En todo caso, Mañueco asegura en su misiva que el requerimiento hecho por el Gobierno central a su comunidad autónoma será “respondido expresamente a través de los cauces formales oportunos”.