La multinacional Boliden, propietaria de la mina, demandó al periodista del diario "El Mundo" Gustavo Catalán por un supuesto delito de invasión de propiedad privada. A su vez, el informador denunció a unos trabajadores de la mina por agresión, retención ilegal, daños y por impedir el normal desarrollo de su actividad profesional.

Asimismo, la empresa denunció al responsable de la Campaña de Tóxicos de la organizació Greenpeace, Pablo Mascareñas, por el mismo motivo que al periodista.

Los hechos se produjeron cinco días después de la rotura del embalse que almacenaba los residuos mineros, cuando el periodista recababa información sobre las muestras que algunos miembros de Greenpeace tomaban en la propia balsa.

Según denunció el informador, una persona que posteriormente se identificó como empleado de las minas le intentó arrebatar la cámara fotográfica, empujándole y zarandeándole. Durante el forcejeo, e periodista fue derribado, produciéndole diversas lesiones y su cámara sufrió desperfectos y quedó inutilizada.

La Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), que integra a un centenar de profesionales de toda España y que condenó en su día la agresión que sufrió Gustavo Catalán, reiteró hoy su oposición a cualquier tipo de acción violenta.

Asimismo, Ecologistas en Acción expresó su solidaridad con Catalán y Mascareñas y denunció que, "una vez más, la Justicia no mide con el mimo rasero a los muchos delincuentes ambientales, cuyos delitos quedan impunes o con condenas ridículas, y a los que sólo realizan actividades no violentas y simbólicas con el fin de llamar la atención sobre las agresiones contra el medio ambiente".