Los socialistas quieren que el Ejecutivo tome medidas educativas, como la inclusión de asignaturas obligatorias que impregnen a los alumnos en la igualdad de sexos.

También quieren que se impartan cursos obligatorios de formación en violencia doméstica para fiscales, secretarios judiciales y médicos forenses y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Asimismo, el texto propone la puesta en marcha de una verdadera estadítica fiable de estos casos de malos tratos segregada de las agresiones generales.

Por encima de todo, los socialistas piden al Gobierno que considere la violencia doméstica como un asunto de salud que requiere respuestas adecuadas y que lo incluya, por tanto, en sus políticas en todos los ámbitos.

En cuanto a las víctimas, quieren que se les garantice una respuesta de tipo social con medidas asistenciales y de atención equilibrada en el conjunto del territorio del Estado, evitando la desigualdad e respuesta que denunció el Defensor del Pueblo en su informe sobre este asunto.

En este sentido, plantean también que se apoye con subvenciones suficientes a las asociaciones de mujeres que trabajan en estos temas, a fin de que puedan coadyuvar con el Estado a la erradicación de esta violencia.