Ante esta situación, el Grupo Socialista solicita la comparecencia de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, para que explique la posición del colectivo que representa en relación con el catlogo de medidas aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado viernes.

Para Micaela Navarro, portavoz socialista en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, "el llamado plan de choque del Gobierno está cargado de buenas intenciones pero no de medidas acertadas. El Gobierno tendría que haber empezado por reunirse con las asociaciones de mujeres que trabajan en el tema y con los partidos políticos para consensuar medidas eficaces".

En su opinión, el Gobierno ha querido salir al paso de la aarma social creada en torno a este problema, elaborando un plan que no es más que "una recopilación de medidas obvias y faltas de concreción, muchas de las cuales ya estaban contempladas en la ley y en los planes de igualdad elaborados por el Gobierno socialista y que debían de haberse puesto en marcha desde hacía tiempo".

Además, la senadora socialista denuncia la falta de calendario y un presupuesto concreto para poner en marcha las medidas contenidas en el plan, ya que "cuando presupuestan alguna mdida se refieren a los presupuestos de 1998, por lo tanto están hablando de medidas que no se pondrán en práctica hasta el 99".

Según Navarro, "los malos tratos reiterados en la familia están tipificados como delito desde 1989 y existen actualmente en nuestro Código Civil y Penal suficientes mecanismos de protección para las mujeres víctimas de violencia doméstica, que incluyen incluso la prohibición de residencia en un determinado lugar y el alejamiento del agresor, medidas que no se aplican por descnocimeinto y por escasa sensibilidad judicial sobre este delito, que sigue considerándose como algo que afecta a la intimidad y a la vida privada de las familias".