Fernández López ya advirtió que la Agencia de Protección de Datos ya advirtió al Ejecutivo castellano-manchego acerca de la posible ilegalidad el establecimiento de este tipo de fichero con datos de personas condenadas por maltrato, ante lo cual esta comunidad auónoma optó por promulgar una ley para que estos datos fueran incorporados a los debates parlamentarios.

El responsable de la Agencia de Protección de Datos señaló que en un estado de derecho el único que impone la pena es el juez en la sentencia y, en su opinión "no se pueden establecer listas de buenos y de malos porque, incluso, el delincuente más abyecto puede borrar sus antecedenes penales que figuran en el fichero de penados y rebeldes, una vez cumplida su condena, para poder reintegrarse socialmente".

Por otra parte, en relación al intento de crear un fichero de facultativos condenados por negligencias médicas, como pretende la Asociación Defensor del Paciente, la Agencia de Protección de Datos ha insistido en que la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal señala expresamente que los datos referidos a sanciones penales o administrativas "sólo pueden ser incorporadosa ficheros de administraciones públicas y no de cualquiera, sino de aquéllas que sean competentes sobre la materia y conforme a su legislación".

En este sentido, Fernández López subrayó que "no tiene nada que ver un fichero de una asociación privada con el de una administración pública, cuando una ley le da competencias para ello".