En declaraciones a Servimedia, la presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Consuelo Abril, dijo que "este es el primer paso fundamental que se ha dado en el camino de la erradicación de la violencia. A continuación debería ir la Ley Integral contra la Violencia de Género. Reconozco que es un paso decidido y muy importante, y que todos los grupos parlamentarios se han puesto de acuerdo, aunque han tardado".

"Esta orden significa que en el caso de una mujer que se encuentre en una situación de riesgo y peligre su integridad física, tras denunciarlo y de manera inmediata -antes de 72 horas- el juez podrá dictar las medidas cautelares contra el supuesto agresor y el acceso a la asistencia social y económica por parte de la víctima", explicó.

Para Consuelo Abril, "es muy importante y esencial que exista un presupuesto acrde con esta medida y que además haya sensibilización de los agentes sociales que tienen que poner en marcha esta medida".

Por su parte, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Enriqueta Chicano, dijo que "esta orden necesita infinidad de recursos de todo tipo: económicos, de coordinación y humanos, y lo que me da miedo es que ahora lancemos a las mujeres a decir ya tenemos orden de protección y todo esto aún no esté dispuesto".

Tras indicar que, a su juicio, "no hay recursos econmicos para sufragar los mecanismos judiciales, policiales y sociales que contempla esa orden de protección", Chicano se mostró escéptica en cuanto a su aplicación.

Para la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas "Themis", Angela Alemany, la orden es positiva, porque "cualquier medida que se adopte para proteger a las víctimas de violencia es buena".

"Pero quiero resaltar el hecho negativo de que no se haya introducido la modificación del plazo de 72 horas, ya que para garantizar la inmeditez es fundamental en los casos de violencia doméstica que la orden pueda ser tramitada por vía administrativa y que después el juez ratifique penalmente las medidas", subrayó.