En declaraciones a Servimedia, la presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Consuelo Abril, dijo que "este es el primer paso fundamental que se ha dado en el camino de la erradicación de la violencia. A continuación debería ir la Ley Integral contra la Violenca de Género. Reconozco que es un paso decidido y muy importante, ya que todos los Grupos Parlamentarios se han puesto de acuerdo aunque han tardado".

"Esta orden", explicó Consuelo Abril, "significa que una mujer que se encuentre en una situación de riesgo y peligre su integridad física tras denunciar y de manera inmediata, antes de 72 horas, el juez podrá dictar las medidas cautelares contra el supuesto agresor y el acceso a la asistencia social y económica por parte de la víctima".

Para Consuel Abril, "es muy importante y es esencial que exista un presupuesto acorde con esta medida y que además haya sensibilización de los agentes sociales que tienen que poner en marcha esta medida".

Por su parte, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Enriqueta Chicano, manifestó su malestar por "el intento del PP de que esta medida no saliera adelante, echando la culpa a los otros grupos".

"Esta orden", continuó, "necesita infinidad de recursos de todo tipo: económicos, de coordinació y humanos, y lo que me da miedo es que ahora lancemos a las mujeres a decir ya tenemos orden de protección y todo ésto aún no esté dispuesto".

A su juicio, "no hay recursos económicos para sufragar los mecanismos judiciales, policiales y sociales que contempla esa orden de protección".

La presidenta de esta federación reiteró que es escéptica en cuanto a la aplicación de esa orden de protección, por falta de recursos administrativos y económicos.

Para la presidenta de la Asociación de Mujers Juristas "Themis", Angela Alemany, la orden es positiva, ya que cualquier medida que se adopte para proteger a las víctimas de violencia es buena".

"Pero quiero resaltar el hecho negativo de que no se haya introducido la modificación del plazo de 72 horas, ya que para garantizar la inmediatez es fundamental en los casos de violencia doméstica, que la orden pueda ser tramitada por vía administrativa y que después el juez ratifique penalmente las medidas", subrayó Alemany.

La orden de protección,aprobada en el pleno extraordinario celebrado hoy, tras las enmiendas introducidas en el Senado, entrará en vigor en el mes de agosto, al día siguiente de su publicación en el BOE.