Esta es una de las recomendaciones contenidas en el informe especial sobre "Violencia doméstica contra las mujeres" entregado hoy por Alvarez de Miranda al presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo, para su posterior dscusión en la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo.

Con la reforma del Código Penal se pretende también evitar que los agresores deban pagar multas, por entender que esta medida sólo redunda en detrimento de los recursos familiares y, por tanto, de la mujer agredida.

Dentro de la amplia modificación legal propuesta en el informe, se incluye la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que en los juicios de faltas sea obligatoria la presencia del Ministerio Fiscal y para que los jueces pedan adoptar las medidas cautelares adecuadas.

Asimismo, se pide la modificación de varios artículos del Código Civil para agilizar las oportunas medidas urgentes en los casos de crisis matrimonial, permitiendo así al juez civil que decrete la protección de la mujer ante la constancia de malos tratos.

La reforma de este texto permitiría también a la víctima de la violencia doméstica acceder directamente al divorcio sin tener que esperar los plazos legalmente previstos.

El informe del Defenso del Pueblo pide modificar la ley de ayuda a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, de forma que tengan cobertura las que los sufren en el ámbito doméstico, así como la implantación en todo el territorio nacional de oficinas de asistencia.

Junto a la especialización de los órganos jurisdiccionales en este tipo de agresiones y el establecimiento de cursos de formación, el texto pide la fijación de un protocolo para que los médicos forenses puedan realizar sus dictámenes de formaunificada.

DENUNCIAS NO ESCUCHADAS

El informe recoge también un amplio catálogo de recomendaciones a diversos ministerios e instituciones para lograr una mayor coordinación entre todos ellos, de forma que se evite el "espectáculo" de mujeres heridas o muertas después de múltiples denuncias desestimadas.

En concreto, pide a Interior que las fuerzas de seguridad practiquen inspecciones oculares del lugar de los hechos y se recojan objetos, que siga impartiendo cursos de formación y que incluya enlas estadísticas todos los hechos ilícitos en este sentido, y no sólo los tipificados en el Código Penal.

Además de recomendaciones a la Fiscalía General del Estado, al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo General de la Abogacía, pide a Instituciones Penitenciarias que valore de forma especial el grado de socialización de estos agresores a la hora de conceder permisos, "exigiendo en estos casos todas las garantías que sean precisas".

También se insta al Ministerio de Educación y a las omunidades autónomas que tienen transferidas estas competencias a fomentar los valores básicos de la convivencia y la tolerancia, ya que el problema de los malos tratos debe atajarse desde la educación primaria.

Finalmente, se pide al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que aumente las casas refugio, fomente la reinserción de estas mujeres, facilite tratamiento psicológico y haga posible que la mujer maltratada cambie de centro de trabajo sin conocimiento del agresor.

Alvarez de Miranda explcó en rueda de prensa que los datos comienzan a ser "alarmantes" y subrayó el incremento progresivo de las denuncias por malos tratos, sobre todo en algunas comunidades como Andalucía, Madrid y Cataluña.

Ante esta situación "intolerable" de "tiranía absurda del machismo", el Defensor del Pueblo pidió una mayor coordinación entre instituciones y sugirió, incluso, la posibilidad de convocar manifestaciones para demostrar en la calle "que ha llegado la hora de decir basta".