Alvarez de Miranda, que dio a conocer un informe sobre violencia doméstica a la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Defensor del Pueblo y de Defensa de los Derechos de la Mujer, argumentó que la regulación en materia de crisis matrimoniales (procedimiento de nulidad, separación y divorcio) es suficiente para dar respuesta al fenómeno de la violencia doméstica.

"Pero la lentitud de la Administración de justicia, en mchas ocasiones, provoca un deterioro mayor de las relaciones, llegando, incluso, a producirse, en algunos casos, situaciones irremediables como la muerte", agregó.

Alvarez de Miranda, que recordó que en lo que va de año ya han muerto más de 40 mujeres a manos de sus compañeros", calificó de "novedosa" esta propuesta para erradicar el problema desde el inicio de los malos tratos.

Asimismo, pidió formalmente una amplia reforma legal para defender a las mujeres que sufren malos tratos, incluida la mdificación del Código Penal para poder aplicar la medida de alejamiento del agresor respecto a la víctima.

Con la reforma del Código Penal se pretende también evitar que los agresores deban pagar multas, por entender que esta medida sólo redunda en detrimento de los recursos familiares y, por tanto, de la mujer agredida.

Dentro de la amplia modificación legal propuesta en el informe, se incluye la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que en los juicios de faltas sea obligatoria la prsencia del Ministerio Fiscal y para que los jueces puedan adoptar las medidas cautelares adecuadas.

Asimismo, se pide la modificación de varios artículos del Código Civil para agilizar las oportunas medidas urgentes en los casos de crisis matrimonial, permitiendo así al juez civil que decrete la protección de la mujer ante la constancia de malos tratos.

El informe del Defensor del Pueblo reclama la odificación de la ley de ayuda a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, de orma que tengan cobertura las que los sufren en el ámbito doméstico, así como la implantación en todo el territorio nacional de oficinas de asistencia.

Junto a la especialización de los órganos jurisdiccionales en este tipo de agresiones y el establecimiento de cursos de formación, el texto pide la fijación de un protocolo para que los médicos forenses puedan realizar sus dictámenes de forma unificada.

DENUNCIAS NO ESCUCHADAS

El informe recoge también un amplio catálogo de recomendaciones a divrsos ministerios e instituciones para lograr una mayor coordinación entre todos ellos, con el fin de erradicar definitivamente esta lacra social.

En concreto, solicita a Interior que las fuerzas de seguridad practiquen inspecciones oculares del lugar de los hechos y se recojan objetos, que siga impartiendo cursos de formación y que incluya en las estadísticas todos los hechos ilícitos en este sentido, y no sólo los tipificados en el Código Penal.

Además de recomendaciones a la Fiscalía General de Estado, al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo General de la Abogacía, pide a Instituciones Penitenciarias que tenga en cuenta de forma especial el grado de socialización de estos agresores a la hora de conceder permisos, "exigiendo en estos casos todas las garantías que sean precisas".

Para ello, recomienda la aplicación de programas específicos de tratamiento para los agresores que cumplen penas relativas a esos delitos, ya que actualmente se encuentran en prisión por este tipo de compotamientos algo más de 1.000 personas y además conociendo que cerca de un 50 por ciento de las víctimas admite voluntariamente volver a convivir con el agresor.

También se insta al Ministerio de Educación y a las comunidades autónomas que tienen transferidas estas competencias a fomentar los valores básicos de la convivencia y la tolerancia, ya que el problema de los malos tratos debe atajarse desde la educación primaria.

Finalmente, se pide al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que aumente as casas-refugio, fomente la reinserción de estas mujeres, facilite tratamiento psicológico y haga posible que la mujer maltratada cambie de centro de trabajo sin conocimiento del agresor.