José Luis González Armengol, portavoz de la Francisco de Vitoria, llamó la atención, en declaraciones a Servimedia, sobre los peligros que comporta la publicación de los nombres de los maltratadores y audió a lo ocurrido en el Reino Unido con la cuestión de los pederastas.

El portavoz de esta asociación se preguntó también qué tipo de control se va a hacer sobre esas listas y sobre los errores que se pueden llegar a cometer, al tiempo que advirtió de que la publicidad relativa a este asunto "va a preconizar la venganza".

Recordó que el único registro oficial existente es el de "penados y rebeldes" y éstos tienen derecho a rehabilitación. Además, puntualizó que una comunidad autónoma no tiene copetencias en esta materia y auguró que tras la publicidad de los maltratadores van a empezar a proliferar las demandas por daños y perjuicios a causa de los errores que se van a cometer.

Por su parte, la portavoz de Jueces para la Democracia (JPD), Montserrat Comas, criticó el citado anteproyecto y destacó que se trata de una medida contraria a la actual Ley de Protección de Datos, al Código Penal en materia de cancelación de antecedentes penales y a los fines de reinserción social de las penas privatvas de libertad.

"Esta medida es inútil porque no va a resolver el gravísimo problema de la violencia doméstica en este país, y sería más interesante que el coste de estas publicaciones la comunidad de Castilla-La Mancha lo destinara a medidas de ayuda a las víctimas por malos tratos", dijo Comas a Servimedia.

Asimismo, sugirió al Gobierno castellano-manchego que emplee dichos fondos en "programas de educación contra los patrones culturales de machismo y dominación que aún imperan en este país yprogramas de tratamiento de rehabilitación a los maltratadores, que tarde o temprano, cuando salgan de la cárcel, deberán seguir tratando con los hijos comunes del matrimonio y por tanto también con sus ex esposas".

Finalmente, José Luis Requero, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mostró sus reticencias acerca de la compatibilidad de esa medida con la normativa vigente sobre la publicidad de resoluciones judiciales y se preguntó si dicha iniciativa no puede constituir "un suerte de sanción encubierta, añadida a la condena penal".

Tras señalar que eso iría en contra del principio de legalidad en materia penal, Requero manifestó a Servimedia sus dudas sobre el hecho de que ese tipo de medidas pueda ser un obstáculo para la rehabilitación del condenado.