El Constitucional admitió a trámite en noviembre de 2022 el recurso presentado por el PP contra la contrarreforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada en julio de ese año que devolvía al Consejo en funciones su poder para designar a los dos magistrados que le corresponde en el propio Constitucional.

De esta manera los dos magistrados, uno conservador (Tolosa) y una progresista (Segoviano) quedan fuera de las deliberaciones sobre este recurso, puesto que fue precisamente esta reforma legislativa la que permitió su nombramiento a cargo del CGPJ. El Pleno del TC considera por ese motivo que su abstención está “justificada” al tener ambos “interés directo” en la causa.

La modificación legal que está sobre la mesa es la que reformó la norma, ya anteriormente reformada, que impedía a un CGPJ en funciones realizar nombramientos. Con esta nueva formulación se permitió al Consejo realizar los nombramientos que le correspondían para renovar el Tribunal Constitucional, que dio la vuelta a la relación de fuerzas entre conservadores y progresistas, dando la mayoría a estos últimos.

La aprobación de la norma desató una batalla legal que supuso que el TC, aún con mayoría conservadora, paralizara por primera vez en la historia reciente la tramitación parlamentaria de la reforma al aplicar medidas cautelarísimas. En esas deliberaciones no se abstuvieron los magistrados conservadores cuyo mandato estaba caducado y cuya continuidad dependía de la puesta en marcha de la reforma.