Según Enrique López, el presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, se limitó hoy a dar cuenta al pleno de dichas reuniones, que se celebran en el marco de una comisión que se creó hace dos años para tal fin.

Dicha comisión está formada por los presidentes de ambos tibunales, Francisco Hernando Santiago (Supremo) y Manuel Jiménez de Parga (Constitucional), y varios magistrados.

Las reuniones versan sobre lo establecido en el punto 2 del Pacto de Estado por la Justicia, firmado en su día por el PP y el PSOE, en relación al recurso de amparo.

Dicho punto 2 del Pacto de Estado por la Justicia dice que "se introducirán en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional mejoras que permitan potenciar con más eficacia y agilidad su función como intérprete supremo de l Constitución, así como de garante de los derechos y libertades fundamentales consagrados en la misma".

"Ligada con esta reforma del recurso de amparo", añade el pacto, "se afrontarán mejoras sobre el desarrollo del artículo 53.2 de la Constitución, y, más en general, sobre la protección de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios".

López aseguró que el acuerdo al que se llegue será remitido en su momento a quiene tiene competencias en esta materia, los poderes ejecutivo y legislaivo.

La intervención del presidente del CGPJ había sido solicitada por el sector minoritario del consejo, con el fin de que intercediese en el conflicto suscitado entre el Tribunal Supremo y el Constitucional, después de que el primero condenara a once magistrados del segundo por rechazar un recurso sin dar una explicación.

Los vocales que solicitaron esta iniciativa fueron Fernando Salinas Molina (vicepresidente del CGPJ), Luis Aguiar de Luque, Félix Pantoja García, María Angeles García García, uan Carlos Campo Moreno, Agustín Azparren Lucas y Josep Alfons López Tena,

En su propuesta, los citados vocales pedían al presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, que informe de las actuaciones que se están llevando a cabo para solucionar el conflicto que enfrenta al Tribunal Supremo y al Constitucional.

Asimismo, le instaban, en su condición de presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, a que, "en el ámbito de sus competencias constitucionales, mantenga una posición activa en la búsqueda d vías de solución al conflicto suscitado".

Sin embargo, según explicó López, en el pleno del CGPJ "no se ha entrado ni en los contenidos ni se ha entrado en ninguna otra cuestión".

ENFRENTAMIENTO

Fue el pasado 23 de enero cuando el Supremo condenó a 11 magistrados del Tribunal Constitucional a indemnizar con 5.500 euros a un abogado por no admitir un recurso sin argumentarlo.

En la polémica sentencia, el Supremo argumenta que los magistrados del Tribunal Constitucional actuaron con "negligncia profesional grave" al rechazar el recurso que interpuso el abogado José Luis Mazón sin darle ninguna argumentación, un comportamiento que puede hacer que se tambaleen las creencias de cualquier ciudadano en el Estado social y democrático.

Posteriormente, el Constitucional, en el pleno celebrado el 3 de febrero, acordó declarar que la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo constituye una invasión de sus competencias. Además, señaló que las resoluciones del Constitucional sobre los rcursos de amparo "no pueden ser enjuiciadas por ningún órgano del poder judicial".