El CGPJ sancionó al juez Tirado con 1.500 euros de multa por dejar sin ejecutar la condena que pesaba sobre Santiago del Valle, presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortés, una medida que fue recurrida por la Fiscalía, que reclama una suspensión de tres años para el magistrado.

En un gesto poco habitual, ya que el Alto Tribunal es poco dado a emitir comunicados, 48 magistrados del Tribunal Supremo han mostrado a través de un escrito remitido a los medios de comunicación su malestar por las "presiones" del Gobierno en este caso.

En el citado comunicado, los magistrados recuerdan que "es deber constitucional de todos" respetar la "autonomía decisional" del CGPJ, y califican de "intolerable" todo intento de "ejercer presión sobre el mismo, con el fin de de predeterminar su criterio".

En este sentido, señalan que la resolución pendiente "deberá producirse con total respeto de la naturaleza de los hechos objeto de consideración y de la calidad de la conducta eventualmente reprochable; y sólo a tenor de los preceptos legales de aplicación".

Por todo ello, piden al CGPJ que desoya "las eventuales demandas sociales o políticas justicialistas y de ejemplaridad", que, a su entender, se rigen únicamente por "motivos de oportunidad".

Por último, los jueces del Tribunal Supremo dijeron esperar que el CGPJ "sepa estar a la altura de su papel institucional y de los valores constitucionales del derecho y de la jurisdicción, únicos que legítimamente pueden orientar su criterio".