Ese acuerdo, suscrito en octubre de 2001, fijaba una ayuda de 120.000 pesetas (unos 720 euros) para la instalación de un sistema de alarma y localización GPS, que estaría conectado con el teléfono de emergencias 112, en todos los taxis que lo requirieran.

El abogado de FET, Ildfonso Goizueta, manifestó en rueda de prensa que sólo el 3% de las solicitudes de subvención cursadas por los taxistas han sido atendidas, con lo que se ha producido un incumplimiento del contrato firmado.

Goizueta dijo que se puso en contacto con la Comunidad de Madrid para saber qué ocurría con la subvención, y recibió por respuesta que el dinero ya había sido transferido al Ayuntamiento.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid no contestó al último requerimiento de la FET para que explicará lo ucedido, lo que constituye la base para interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia.

El presidente de la FET de Madrid, Juan Sánchez, declaró que el próximo 20 de mayo organizarán una gran marcha de taxistas que llegará hasta la Puerta del Sol, donde está la sede del Gobierno regional, para exigir el cumplimiento del contrato.