En concreto, señaló, se ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por el real decreto 902/2021, de 19 de octubre, documentación de la que fue informado hoy el Consejo de Gobierno.

Dijo que, a juicio del Ejecutivo autonómico, se ha aprobado esta decisión “sin ningún tipo de justificación, sin darlo a conocer previamente en la Conferencia Sectorial y vulnerando el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo".

"A todo ello se suma que en ningún momento se ha aclarado por qué motivo se han quedado fuera del reparto y de forma discriminatoria el resto de administraciones regionales”, añadió.

Indicó que con este real decreto recurrido, el Gobierno central reguló la concesión de subvenciones a País Vasco, Navarra, Comunidad de Valenciana y Extremadura utilizando para ello recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es decir, fondos procedentes de la Unión Europea para hacer frente a los efectos provocados por la pandemia.

Dijo que la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, envió una misiva el pasado 22 de octubre -que no ha obtenido respuesta a día de hoy- a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, exigiendo explicaciones de la concesión de nueve millones a estas comunidades “de forma aleatoria, que vulneraría el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo y que utilizaría de forma presuntamente fraudulenta la reserva de crédito del Sepe -Servicio Público de Empleo Estatal-”.

SIN MOTIVACIÓN NI JUSTIFICACIÓN

En el recurso de la Comunidad de Madrid se señala que el real decreto “carece de cualquier motivación o justificación acerca del carácter nacional o supraautonómico de las actuaciones que financia: son proyectos concretos y específicos de cuatro regiones que no guardan ninguna relación funcional entre sí”.

Además, consideró el consejero regional, los proyectos están vinculados a competencias autonómicas -fomento del empleo-, y los fondos destinados a los mismos deben estar gestionados por las administraciones regionales salvo excepciones, como sería, por ejemplo, en el caso de tratarse de acciones de ámbito nacional o que requieran de algún tipo de coordinación.