MADRID. EL PSOE LLEVARA A LA FISCALIA 70 CONTRATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

MADRID
SERVIMEDIA

El Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid ha decidido llevar ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 70 contratos realizados por el Gbierno regional, por infringir supuestamente la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Los contratos que los socialistas encuentran sospechosos fueron suscritos, en su mayoría, por la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y el IVIMA (instituto de la vivienda), con empresas constructoras.

El diputado socialista Antonio Fernández Gordillo, encargado en el Grupo Socialista de vigilar las contrataciones públicas, explicó a Servimedia que estos contratos superan los 62.000 illones de pesetas (372 millones de euros) y corresponden a los departamentos anteriormente citados y a las consejerías de Educación y Servicios Sociales.

Puso el ejemplo de un contrato adjudicado a Necso por parte de la Consejería de Obras Públicas, en febrero de 1999, "alegando urgencia en su realización y un precio concreto", para realizar obras en una carretera regional que se finalizaron dos años y dos meses después de lo previsto y con un incremento superior al 50% de su coste inicial".

La bra, la construcción de la carretera que une la M-206 con la M-216 y afecta a los municipios de San Fernando, Coslada y Torrejón de Ardoz, se adjudicó a Necso por 1.175 millones de pesetas y un periodo de realización de seis meses. El pliego de condiciones fijaba la obra en 1.295 millones de pesetas y ponía un plazo de ejecución de 18 meses.

"Debido a la urgencia de la obra se la exime de realizar el estudio de impacto ambiental. Además de Necso se presentaron al concurso otras 28 empresas, de las que23 mejoraban la oferta económica de la CAM y de la empresa adjudicataria, pero no el tiempo de construcción", explicó Gordillo.

Desde la firma del contrato hasta la fecha de terminación de la carretera, marzo de 2001, dada al PSOE por el Gobierno regional, no sólo pasaron más de 2 años, sino que al final su precio se elevó en 619 millones de pesetas, con respecto al precio de adjudicación, lo que supone un incremento de un 52%, dijo el parlamentario.

Entretanto, Necso pidió distintas ampliacionesde plazo, la Comunidad otras tantas, por distintos motivos, y al final, tras intervenir el Consejo de Estado, el Consejo de Gobierno aprobó un nuevo proyecto y un nuevo presupuesto en diciembre de 2000.

El diputado del PSOE, además de criticar que el Gobierno se haya "saltado a la torera" varias normas, recordó que la empresa adjudicataria fue sancionada por la Administración autonómica al incumplir de manera "grave" la ley de prevención de riesgos laborales y también recibió una sanción "muy grave, cn multa de 5 millones de pesetas, en setiembre de 1998", lo que la imposibilita para contratar con las administraciones.

(SERVIMEDIA)
25 Feb 2002
SMO