Explicó que el proyecto del Gobierno regional establece, en su artículo 156, el silencio administrativo positivo en la solicitud de licencias de obras a "entidades certificantes", que Garrido calificó de "chiringuitos privilegiados", mientras que el silencio administrativo será considerado negativo, es decir, denegatorio de la solicitud, cuando quien la pide es un particular.

El diputado socialista afirmó que las entidades certificantes, una figura nueva tipificada en est ley, dependerá de la Consejería de Obras Públicas, que abrirá un registro para que se inscriban, según consta en el proyecto.

La ley exige que los solicitantes para registrar una de estas entidades deberán ser profesionales titulados, inscritos en sus respecticos colegios profesionales con una antigüedad de cinco años, con experiencia suficiente y que no estén vinculados a empresas constructoras.

Para el PSOE, la creación de esta nueva figura supone "la privatización de las funciones que son de a Administración y la discriminación entre las solicitudes privadas y las de entidades, que también son privadas y las únicas beneficiadas".

Al final, si el PP y Gallardón sacan adelante la Ley del Suelo según está en estos momentos, los particulares que quieran realizar obras tendrán que acudir a estas entidades, como única forma de conseguir una licencia.