Martínez explicó que la Ley de Renta Mínima de Inserción, que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a tener asegurados unos mínimos de supervivencia, se enmarca en una estrategia global del Gobierno regional para luchar cotra la exclusión social y las desigualdades, que afectan a unos 27.000 hogares madrileños, unas 80.000 personas, que viven en situación de pobreza extrema.

"Este compromiso de la Comunidad de Madrid hacia el 1,6% de los hogares madrileños se ha articulado en un Plan de Lucha contra la Exclusión Social, un refuerzo fundamental de la Ley de Renta Mínima, que prevé un gasto de 616.502.021 euros, algo más de 102.000 millones de pesetas, durante los próximos cinco años y que contiene hasta 138 medidas en ls que están implicadas también las consejerías de Trabajo, Educación, Sanidad y Obras Públicas, Urbanismo y Transporte", agregó la consejera.

A juicio de Pilar Martínez, la Ley de Renta Mínima de Inserción "es un salto cualitativo respecto al Ingreso Madrileño de Integración, porque eleva a derecho con garantía de ley la protección económica y social de los sectores más desfavorecidos de la población, porque aumenta la cantidad de la prestación y porque amplia la cobertura de protección a otros gruposen desventaja social no comprendidos en el IMI".

La consejera explicó que la partida presupuestaria para la aplicación de la Ley de Renta Mínima en 2002 se ha incrementado en un 41% respecto al presupuesto del que dispuso el IMI en pasado año. "Serán", añadió, "6.795.000.652 pesetas, una cantidad que se llegaría a incrementar hasta 8.872.000.000 pesetas en el año 2006".

PLAN CONTRA LA POBREZA

En cuanto al Plan contra la Exclusión Social, liderado por la Consejería de Servicios Sociales, la consjera dijo que "sitúa a la Comunidad de Madrid como pionera en el cumplimiento de los compromisos adoptados por la Unión Europea en las cumbres de Lisboa y Niza, al incorporar como eje de su política social para el próximo decenio la transformación de las condiciones de vida de los hogares más pobres".

Tras destacar la participación de los agentes sociales, CCOO, UGT y CEIM, en la elaboración del plan, Martínez explicó las medidas que tendrán un impacto más significativo en la consecución del objetivo uscado: terminar con la exclusión en el territorio regional.

Estas medidas son la aplicación de la Ley de Renta Básica a 27.000 hogares, compromiso de ofrecer un empleo social al 20% de los perceptores de la renta mínima de inserción cada año, regulación de las ayudas de emergencia de los Servicios Sociales municipales, realización de una oferta formativa prelaboral complementaria, compromiso de erradicar el analfabetismo y el absentismo escolar, garantía de plazas gratuitas de Educación Infantil paratodos los hogares perceptores de la renta mínima y becas de comedor para todos los niños de hogares perceptores de la renta mínima.

Igualmente, en el plan figura el establecimiento de equipos específicos en la Red de Salud Mental para atender a personas sin hogar, estudio de fórmulas que garanticen la farmacia gratuita para los hogares más pobres de la región, objetivo de promoción pública de vivienda equivalente al 10% de toda la que esté previsto construir y desarrollo de un sistema de ayudas directs para el acceso a la vivienda a través de la implantación del cheque-vivienda.

Según los datos de los que dispone la Administración autonómica, de las 80.000 personas que padecen una situación de pobreza extrema, el 29% viven solas y el 35% pertenecen a hogares monoparentales. Los 27.000 hogares en esta situación (el 1,6% de todos los hogares madrileños) tienen un tamaño medio de 2,92 miembros, con muchas personas dependientes, sobre todo menores, ya que un tercio tienen menos de 16 años y casi dos trcios entre 16 y 64 años de edad. Unos 25.000 niños se encuentran actualmente en situación de pobreza extrema.

Según el estudio efectuado, estas personas tienen escasa formación y un acceso limitado al empleo y a la protección social y sobreviven de la combinación de un acceso precario e inestable a la actividad económica y a las prestaciones.

En el 37% de los hogares se realiza alguna actividad económica durante el año y en uno de cada veinte hogares existe algún problema grave de carácter educaivo: el analfabetismo llega todavía al 1,8% de esta población, el 8,5% carece de estudios y el 45% de los jóvenes de 16 años ya no está escolarizado.

Por otro lado, una de cada cinco personas se ve afectada por una minusvalía o una enfermedad crónica, principalmente de salud mental, con especial incidencia entre las personas solas y en las mujeres con cargas familiares no compartidas.