El delegado del Gobierno, Pedro Núñez Morgades; el alcalde en funciones, José Ignacio Echeverría, y el segundo gerente del IVIMA, Emilio Vázquez, estudiaron esta mañana la situación creada por los 'okupas' y decidieron reforzar la vigilncia en la zona con cuatro coches patrulla más, dos del Cuerpo Nacional de Policía y dos de la Policía Municipal, a fin de tranquilizar a los vecinos, preocupados por los nuevos inquilinos.

Asimismo, repasaron la situación legal de ambos casos, pendientes de autorización judicial para desalojar a los ocupantes ilegales. El IVIMA confía en culminar en breve los trámites legales que conducirán al desalojo y posterior derribo de las casas.

En el caso de las naves industriales, al tratarse de un expeiente de quiebra, Ayuntamiento y Delegación de Gobierno gestionarán ante los síndicos que vigilan la liquidación para que interpongan las denuncias necesarias y sean expulsados sus ocupantes, la mayoría inmigrantes procedentes del asentamiento chabolista de Méndez Alvaro.

Echeverría recordó que el problema del chabolismo debe ser resuelto por el Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada, integrado por las tres administraciones, pero lanzó una llamada de ayuda al Gobierno central porqueMadrid, como capital del Estado, no sólo recibe diariamente a inmigrantes extranjeros, en muchos casos sin permiso de residencia, sino también a inmigrantes del resto de España, por lo que, en su opinión, se trata de un problema estatal y no solamente local.