Cortes hizo esta denuncia en la Asamblea de Madrid durante el pleno extraordinario sobre vivienda, solicitado por el Partido Socialista.

El consejero explicó que el IVIMA, encargado de construir viviendas para las capas sociales más desfavorecidas, abonaba ciertas cantidades de dinero a las constructoras que iniciaban nuevas casas, entre ellas las destinadas a pagar las licencias municipales de obras.Cortés resaltó que la Administración regional no exigió a las citadas empresas la devolución de esas cantidades.

Afrimó que de las 284 actuaciones del IVIMA en marcha, "sólo una o dos cuentan con licencia de obras", y explicó que las irregularidades detectadas en este organismo están incluidas en un informe de su consejería, que no fue dado a conocer.

Reiteró que, durante los mandatos socialistas en la CAM, la gestión del IVIMA fue "muy mala" y dijo que otra de las irregularidades consiste en no aber regularizado el patrimonio de este organismo, lo que imposibilita vender estas casas públicas a sus ocupantes.

Cortés, que se comprometió a regularizar durante 1996 unas 10.000 viviendas, dijo que el IVIMA no va camino a la quiebra, como denunció Jaime Lissavetzky, portavoz del PSOE, sino todo lo contrario.

El portavoz socialista, refiriéndose a las denuncias de Cortés, le pidió que "no nos amenace" y que si tiene constancia de las irregularidades las denuncie ante los tribunales.

Asimimo, criticó la política de vivienda del PP, porque construirán casas para los ciudadanos de la capital que ganan más de 4,5 millones de pesetas y no tendrán en cuenta las necesidades de los madrileños que menos ganan y las de los que viven en la zona metropolitana de la región.