Según el Ejecutivo, entre los objetivos de la nueva norma, que sustituirá a la vigente Ley de Servicios Sociales de 1984, figuran ordenar el disperso sistema de atención social actual, apoyar a la familia, favorecer a los sectores más vulnerables (inmigrantes, menores, etc.), mejorar la formación de los profesionales y convertir los servicios sociales en el sexto sistema de protección social de los ciudadanos, junto a la sanidad, la seguridad social, la educacin, el empleo y la vivienda.

El anteproyecto de Ley de Servicios Sociales recoge importantes innovaciones en relación a la normativa vigente, que parten del principio de responsabilidad de la Administración, tanto de garantizar la atención social a través de un sistema público de servicios sociales, como de regular las actividades privadas desarrolladas por entidades, asociaciones e instituciones.

Una de las novedades es una definición precisa de la oferta del sistema público de servicios socialesque, según el anteproyecto, comprende tres tipos de prestaciones: técnicas, económicas y materiales.

Las prestaciones técnicas son intervenciones profesionales de información, valoración, orientación, asesoramiento, apoyo y acompañamiento social, tratamiento psico-social y protección jurídico-social de las personas y grupos familiares.

Las prestaciones económicas, que pueden ser de tipo periódico o puntual, tienen como fines garantizar mínimos de subsistencia, atender situaciones de emergencia, aoyar procesos de integración y fomentar el acogimiento familiar de menores o discapacitados. Por último, las prestaciones materiales incluyen la atención residencial en centros, la atención diurna y la ayuda a domicilio.

En el marco de estos tres tipos de prestaciones, el anteproyecto de ley establece la universalidad y gratuidad de todas las de carácter técnico y señala los requisitos esenciales para el acceso y disfrute de las económicas y materiales. Además, contiene el compromiso de aumentar los rcursos para que todas ellas estén disponibles.

TARJETA SOCIAL Y CHEQUE-SERVICIO

Entre las novedades que contiene el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales destaca el derecho a disponer de una tarjeta social con la que todos los ciudadanos se puedan identificar como potenciales usuarios de los servicios sociales.

Según el Gobierno autonómico, con este documento se refuerza la universalidad del sistema público, a la vez que se constituye en una herramienta para la adecuada evaluación de los reultados de la prestación y para la planificación de los recursos, ya que permitirá comprobar la demanda y la frecuencia de uso de los servicios.

Además del establecimiento de una prestación nueva, el cheque-servicio, que servirá para aumentar la libre elección del usuario sobre el modo de atención, el texto incluye el derecho a tener asignado un profesional de referencia, que sea responsable de orientar y acompañar a una persona en todo el proceso de intervención social.

Este cometido estará desepeñado por un trabajador social en el nivel de atención primaria y por el miembro más indicado del equipo interprofesional en el nivel de atención social especializada.

El anteproyecto concreta la atribución a los ayuntamientos de determinadas competencias en atención social primaria y señala la posibilidad de que las corporaciones locales gestionen los equipamientos de atención especializada de titularidad autonómica que se acuerden en el marco del futuro pacto local.

Finalmente, la nueva norma econoce el papel a desempeñar por los distintos agentes que intervienen en un modelo mixto de provisión de servicios sociales, donde el sector público es garante de los derechos de los ciudadanos, regulando los servicios públicos y privados, estableciendo prestaciones y dispensándolas directamente o mediante la contratación de servicios.

En este sentido, junto al reconocimiento de la actividad privada empresarial, se presta una especial atención a las entidades no lucrativas y al voluntariado.