Durante el acto, Ruiz-Gallardón se comprometió a alcanzar el objetivo de que el 5% de puestos de trabajo en las administraciones públicas madrileñas, tanto locales como regional, estén destinados a personas con discapacidad.

El convenio señala, en lo relativo a la presencia de discapacitados en plazas de empleo público, que "se hace necesario garantizar la realización del objetivo de alcanzar el 5% de sus efectivos, siendo aconsejable elevr el cupo de plazas ofertadas por la constatación de la insuficiencia del cupo actual y el bajo número de plazas que se vienen convocando".

En concreto, el acuerdo recoge el compromiso de buscar un mayor grado de implicación de las corporaciones locales, entidades públicas y empresas y fundaciones participadas mayoritariamente por la Comunidad de Madrid en la consecución del objetivo de alcanzar, dentro de la Administración Pública, el 5% de puestos destinados a personas con discapacidad.

Gallardn explicó que este acuerdo pretende "canalizar los esfuerzos que realizan las diferentes entidades en esta materia y obtener resultados más satisfactorios".

También en materia de empleo, el convenio incluye el compromiso del Gobierno autonómico de elaborar un plan anual que aumente el grado de cumplimiento de la obligación que tienen las empresas con 50 o más trabajadores en plantilla de emplear al menos a un 2% de discapacitados.

CONVENIOS COLECTIVOS

Asimismo, se pretende sensibilizar a los agntes sociales para que incluyan en los convenios colectivos cláusulas que favorezcan la integración laboral de estas personas, ya que en la actualidad sólo el 5% de los convenios recogen cláusulas de este tipo.

Otros apartados del convenio van dirigidos a mejorar la información y la transparencia del mercado de trabajo de las personas discapacitadas. Para ello, se crearán servicios especializados en las oficinas de empleo públicas de la región y se impulsarán los servicios de integración e intermediacón laboral gestionados por las organizaciones de discapacitados.

También se incide en el incremento de la formación para estas personas y en la necesidad de reforzar la preparación en el uso de las nuevas tecnologías, para evitar que su desconocimiento excluya a los discapacitados de las oportunidades que ofrece la sociedad de la información.

El presidente madrileño recordó que en 1996 había 54 centros especiales de empleo, en los que trabajaban 1.758 personas, mientras que en la actualidad hay 17 centros de ese tipo, con un total de 3.583 empleados.

Ruiz-Gallardón destacó que "en 2001 se destinaron más de 10 millones de euros a la subvención del coste salarial, equivalente al 50% del salario mínimo interprofesional; en la eliminación de barreras se emplearon más de 430.000 euros, y para la inserción laboral de discapacitados en empleo autónomo se invirtieron 140.000 euros, que sirvieron para generar 35 puestos de trabajo".

En la firma del convenio estuvieron presentes, además de Ruiz-Galardón, los consejeros de Servicios Sociales y Trabajo, Pilar Martínez y Luis Peral; la presidenta del CERMI-Madrid, María Luisa Ramón-Laca; el presidente de la Asociación Empresarial para la Integración Laboral en Economía Social, Centros Especiales y Trabajo Autónomo, Antonio Berlanga, y el presidente de la patronal CEIM, Gerardo Díaz Ferrán.