El acuerdo se enmarca en la Estrategia de Empleo de la Ciudad de Madrid 2024-2027 y responde a la medida número 22 del mismo. Con esta alianza, los participantes en la formación recibirán un certificado de profesionalidad que les permitirá incorporarse a las vacantes ofrecidas por la empresa en la materia.

Así, el certificado llegará tras recibir una formación en atención a personas dependientes en instituciones sociales. Esta formación, a la que accederán los primeros 13 candidatos aptos seleccionados por la AE y la Fundación Randstad, comenzará el próximo 8 de enero y tendrá una duración de ocho meses.

El curso consta de dos partes diferenciadas. La primera corresponde a un bloque teórico de 405 horas, dividido en cuatro módulos de formación. En estos módulos se tratarán temas como la organización de intervenciones en el ámbito institucional, la intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones, la intervención en la atención sociosanitaria en instituciones y el apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones.

La segunda parte del curso incluye un quinto módulo que consiste en 715 horas de prácticas laborales. Estas prácticas serán realizadas por los alumnos en dependencias municipales, permitiéndoles aplicar los conocimientos adquiridos durante el bloque teórico.

EMPLEO E INCLUSIÓN

La formación, además, incluye módulos complementarios de Servicio de Ayuda a Domicilio (100 horas de las 450 horas totales de la parte teórica) para que los alumnos, además de ser contratados y trabajar en el sector de cuidados de personas dependientes en instituciones sociales, puedan hacerlo en los domicilios particulares, en calidad de auxiliar de ayuda a domicilio a personas dependientes.

Las personas con discapacidad son un perfil prioritario de inserción para el Ayuntamiento, que así lo plasma en su estrategia para el empleo. El motivo es que el diagnóstico de empleabilidad realizado en 2023 por la AE para la implantación de la estrategia de empleo municipal determinó que hasta el 82 % de las personas con discapacidad no estaban insertadas en el mercado laboral.