A juicio de Feaps, "lo denominado precio público tendría que ser igual para todos, en función del coste del servicio, con independencia de que la familia que lo precise pueda disfrutar de subvenciones o becas para cubrir dichos costes".

Según Feaps, "la política del nuevo impuesto del IRPF es justamente contraria de la que quiere poner en práctca la Consejería de Servicios Sociales de la CAM, ya que se ha reducido la renta gravable para las familias con hijos discapacitados favoreciendo su capacidad de ahorro".

En opinión de la organización, "la exigencia que supone para las familias con hijos con retraso mental de poner a disposición de los Servicios Sociales de la Comuniodad Autónoma un documento confidencial como es la declaración de la renta es, cuanto menos, anómala, ya que estos funcinarios no tienen la misma obligación legal de confiencialidad que se impone a los funcionarios del Ministerio de Hacienda".