Esta es la primera vez que unos cargos públicos son llamados a declarar ante la justicia en un caso de okupación. Tras la declaración de estos parlamentarios, el fiscal tendrá que decidir si archiva la causa o prosigue la diligencias, en un plazo de ocho días.

Si el tribunal opta por continuar con las diligencias, unos 600 imputados en este caso, entre ellos artistas, periodistas e intelectuales tendrían que declarar, lo que podría prolongar durante años los trámites previos al juicio.

Los diputados de IU, que estuvieron declarando ante el juez durante una media hora cada uno y por separado, explicaron que la finalidad de la ocupación de "El Laboratorio" fue llamar la atención a las administraciones sobre el abanono de un edificio público, en un barrio con problemas de falta de viviendas e infraestructuras.

Sanz, portavoz adjunto de IU en la Asamblea de Madrid, afirmó que la ocupación fue a título personal y que la coalición apoya este movimiento y es partidaria de despenalizar las ocupaciones.