Coo explicó que la Administración regional está atenta a todo lo que ocurre en El Pinar, pero destacó que hay "algunas cuestiones que quizá se olvidan", porque "no se valora la dificultad que tiene el pasar de un régimen carcelario a otro de carácter educativo".

"Creemos en esa ley, a pesar de las dificultades que tiene y el poco tiempo que hemos tenido las comunidades autónomas para desarrollarla. Entendemos que, a pesar de situaciones de nerviosismo y demasiado protagonismo mediático, vamos a seguir aelante para tratar de cumplir fielmente lo que marca".

A su juicio, el problema en estos centros de internamiento para jóvenes penados no radica en el tipo de gestión de los mismos, privada o pública. Explicó que hasta la aprobación de la Ley del Menor no había profesionales con experiencia en tratar a estos menores conflictivos y que los que llevan a cabo ahora este trabajo están sometidos a presiones internas y externas.