Además, la CAM tiene en marcha 32 expedientes sancionadores, todavía sin concluir, de los que 9 corresponden a suspensión de actividades en distintos centros, que terminarán posiblemente en la causura.

Estos expedientes son fruto de la actividad inspectora de Integración Social, que, desde primeros de enero hasta la fecha, ha realizado un total de 285 inspecciones en 220 centros de servicios sociales de la región, mayoritariamente residencias de la tercera edad.

Del total de inspecciones, 157 se llevaron a cabo en centros de ancianos y el resto en centros de menores (15), minusválidos (10), entre otros.

Durante este tiempo, Integración Social recibió y tramitó 64 denuncias de usuaros de residencias de tercera edad, porque no tenián los papeles en regla y porque tenían unos precios por encima de los normal.