Durante una entrevista en Servimedia, la consejera señaló que desde el Gobierno regional llevan advirtiendo más de un año sobre esta situación ante el incremento de “llegadas sin planificar y sin coordinar” por parte del Gobierno central, con esa “política temeraria” donde “no sabemos cuántos entran ni por dónde entran”.

La responsable de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid recordó que el “control de entradas es competencia del Gobierno de España” y que el Gobierno regional lo que ha hecho es “incorporar nuevas plazas para poder atender a esos menores”.

Dávila defendió que el Ejecutivo madrileño ha ofrecido “los datos reales, no hemos manipulado ningún dato”. Así, “lo que nos ha pedido el Gobierno es lo que le hemos trasladado y lo que nos pide a través de ese real decreto ley, y que luego nos ha pedido a través de un correo electrónico, es el número de menores atendidos a lo largo de 2024, que son 2.442 en la Comunidad de Madrid”.

Además, apuntó que el Gobierno de España también demandó los datos de la ocupación en estos centros. “Estamos en un 132% de ocupación, pero hemos pasado por diferentes fases muy complicadas”, donde “hemos llegado en muchas etapas al 150% de sobreocupación”.

La consejera explicó que esta situación implica, en primer lugar, que la gestión “se complica mucho”, porque “pedimos en primera instancia al Gobierno que declarase la emergencia migratoria, que se ha negado a declarar, para todo el territorio nacional”, porque “todas las comunidades autónomas vivimos esta situación”. “Todas sin excepción, tenemos los centros tensionados”, aseveró.

En este sentido, comentó que esta situación, en primer lugar, “pone en riesgo el propio sistema de protección”, porque no se produce una llegada ordenada que tú puedas planificar”. En segundo, porque el Gobierno también “está trasladando a mayores de edad que se hacen pasar por menores”, por lo que “le hemos exigido que solo traslade al sistema público de protección a menores con certificación de la minoría de edad, cosa que tampoco hace, y eso pone en riesgo a los propios menores de los centros”.

En tercer lugar, habló de los propios profesionales, que “se encuentran tensionados”, porque “los perfiles que están llegando son cada vez más víctimas y rehenes de las mafias” y también “con unos consumos de droga muchísimo más graves”.

REPARTO DE MENORES

Tras conocerse que el Gobierno convocará a las comunidades autónomas el próximo 28 de abril, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, para abordar el reparto de menores inmigrantes no acompañados, la consejera madrileña lamentó que han conocido por los medios esta convocatoria.

“La realidad es que aún no hemos recibido ninguna convocatoria, al igual que no hemos recibido ninguna información oficial por parte del Gobierno de España sobre la situación que pretende abordar a las comunidades autónomas con este reparto”. Un reparto que tildó de arbitrario, ilegal y obligatorio” para las comunidades autónomas.

Dávila afeó que el Gobierno de España está utilizando a personas menores de edad “como monedas de cambio” para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda permanecer en el poder gracias a los siete votos de Junts. “Se trata de un acuerdo realizado y prácticamente incorporado por un propio prófugo de la justicia a un sistema de protección de menores cuya competencia es exclusiva de las comunidades autónomas, para contentar a los independentistas”.

La consejera madrileña constató que “la realidad es que, a tres comunidades del Partido Popular, este real decreto ley con criterios absolutamente arbitrarios, le quiere trasladar 2.000 menores a Madrid, Andalucía y a la Comunidad Valenciana” y, sin embargo, “a Cataluña, pues entre 20 y 30”.

Dávila apuntó que se trata de una “realidad política” que es “muy dura” para la situación que tienen y que viven esos menores, porque “recordemos que llevamos más de un año y medio pidiendo al Gobierno de España un plan para estas personas para poder atenderlas de una forma digna”.

En este sentido, lamentó que la ruta que hacen las personas que van a Canarias “se ha cobrado la vida de más de 10.400 vidas” y denunció que el Gobierno de España “no está atendiendo a esa crisis humanitaria que supone la pérdida de tantas vidas, aparte de no estar protegiendo las propias fronteras”.

Por ello, consideró que la aprobación del real decreto ley aprobado en el Congreso “es la mayor infamia en el trato de las personas que puede llegar a producir un Gobierno, solo por ambición y por mantenerse en el poder”, porque “no está pensando en los menores” ya que “Sánchez solo piensa en Sánchez”.

Por último, ante la conferencia del próximo 28 de abril, Dávila comentó que el Gobierno de España “ya nos tiene acostumbrados a manipular y manosear las conferencias sectoriales a su antojo” y recalcó que, “evidentemente, nosotros nunca nos hemos prestado a eso” e incidió en que “es un órgano de acuerdo que tiene que ir bien tasado por las competencias que luego tenemos las comunidades autónomas”.

En este sentido, añadió que el Gobierno “ya nos tiene acostumbrados a imponer, a través de las diferentes conferencias sectoriales a las comunidades autónomas, diferentes circunstancias que en muchos casos son competencia exclusiva de las comunidades autónomas, como es en este caso el sistema de protección de menores y su organización”.