El auto expone que el pasado 29 de abril de 1997 el Juzgado de Instruccón número 39 de Madrid incoó, mediante denuncia de la Policía Nacional, diligencias previas "por un delito de usurpación", aunque se inhibió para el conocimiento de la causa a favor de Tribunal Superior, "por la concurrencia de la condición de aforados en cuatro de los imputados".

El citado tribunal añade que "la modalidad usurpatoria tipificada en el Código Penal castiga la ocupación de un inmueble que no constituya morada sin autorización de su titular, norma ésta dirigida a la sanción de las conducas llevadas a cabo por los autodenominados 'okupas' y consistente en el apoderamiento de viviendas con la finalidad de instalarse en ellas con vocación de permanencia y actuando como dueños".

El archivo de las actuaciones judiciales está basado en que los "okupas" no actuaron según lo descrito en el anterior razonamiento jurídico, sino que su actitud "estaba presidida por el propósito claramente reivindicativo de que el inmueble fuera destinado por su titular a fines sociales".

"Es evidente que l ocupación del edificio fue llevada a cabo de forma organizada y con la finalidad exclusivamente política, como modo de expresar o manifestar, por el procedimiento que tuviera la mayor divulgación posible, una crítica o protesta ante la imposibilidad de utilizar ciertos inmuebles públicos en desuso cuando éstos son susceptibles de satisfacer determinadas necesidades sociales", añade el fallo judicial.

Los cuatro diputados de IU son Luis Miguel Sánchez, Mariano Gamo, Carlos Paíno y Juan Ramón Sanz. De odos ellos, sólo Sanz sigue siendo parlamentario de la coalición, en concreto, es el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de la Cámara regional.