Gallardón salió al paso de las acusaciones de la Asociación de Defensa de los Derechos de las Prostitutas "Hetaira", que dijo ayer que deunciará a Ruíz Gallardón y a los concejales Ana Botella y Pedro Calvo por los presuntos delitos de prevaricación, coacciones a las prostitutas y persecución de una conducta no tipificada como delito.

Según Gallardón, "nadie puede sostener que exista una norma jurídica que impida a una administración pública ofrecerle a una mujer que está siendo sexualmente explotada una alternativa de vida".

De informarles de esas alternativas se encarga la Asociación de Prevención y Reinserción de Mujeres Prostiutas (APRAMP), que tiene una unidad móvil en la Plaza del Carmen, en la que ha explicado hasta ahora a 168 prostitutas sobre plazas de alojamiento alternativo y talleres de capacitación y formación para el empleo

En el marco del "Plan contra la Exclavitud Sexual", agentes de la policía han inspeccionado 15 locales y pensiones de la zona de la calle Montera y han levantado seis actas por falta de licencias de actividad y funcionamiento, además de descubrir dos pisos que funcionaban como prostíbulos. La actas levantadas originarán sanciones de entre 3.000 euros y 15.000 euros.

Uno de los fines de esta operación, como indicó Gallardón, es perseguir a los proxenetas y disuadir a los clientes; para ello, se ha pedido documentación a 372 personas, pasando nueve a disposición judicial por presuntos delitos de proxenetismo.

Veinte agentes policiales recorrerán constantemente las calles cercanas a Montera y aumentarán los controles de alcohol para disuadir a los clientes.

Como medida de futuro, e alcalde anunció la creación de un centro municipal de atención a las mujeres que sufren explotación sexual y la firma de un convenio con la Universidad Complutense para formar mediadores sociales para apoyar en el tratamiento a estas mujeres.