El Tribunal entiende que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de esta directiva, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior.

Los Estados miembros debían adoptar y publicar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a esta norma a más tardar el 12 de junio de 2007, e informar inmediatamente de ello a la Comisión.

"Aunque el Reino de España sostiene que la normativa nacional existente no contradice la directiva, no es menos cierto" que el Tribunal no dispone de ningún elemento que pruuebe que esta normativa puede constituir "una adaptación correcta y total del Derecho interno a la Directiva".

Además, la adaptación no se llevó a cabo en el plazo fijado. Un retraso que España atribuye a la celebración de elecciones en España y al gran número de leyes que deberán modificarse debido a esta adaptación.

En este sentido, el Tribunal incidió en que "un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y los plazos establecidos en una directiva".

En estas circunstancias, Luxemburgo valora que el recurso interpuesto por la Comisión es fundado y, por consiguiente, "procede declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben, al no haber adoptado en el plazo fijado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada directiva".