Estos proyectos se presentaron al Consejo Nacional del Agua, del que forma parte el presidente de la CODA, Santiago Martín Barajas, quien considera esta medida "una ilegalidad manifiesta".

En rueda de prensa, Barajas dijo que es inviable desde el punto vista la construcción de pantanos en zonas protegidas, por lo que pidió que se descarte la iniciativa de inmediato.

El plan recoge también la realización de encauzamientos a lo argo de más 1.000 kilometros, lo que supondría, según las dos organizaciones ecologistas, la desaparación de un millón de árboles, que afectaría especialmente a los bosques de ribera.

Por otro lado, Martín Barajas subrayó que los sucesos de Biescas y Badajoz han demostrado que los encauzamientos no sirven para evitar los efectos de las riadas.

Como alternativa, Greenpeace y CODA proponen la protección del Dominio Público Hidráulico y la repoblación de las riberas con especies autóctonas, aumentano la anchura de los bosques de ribera.

Estos encauzamientos supondrían además una inversión de 400.000 millones de pesetas, "que se derrocharían con dinero público, obviamente", según declaró el presidente de CODA.

Asimismo, Martín Barajas afirmó que el Gobierno está utilizando a los agricultores españoles "como carne de cañon al hacerles creer que se van a poner en marcha nuevas tierras de regadío, cuando esa medida", a su juicio "jamás se va realizar".