La apelación considera que la ley viola los artículos de la Carta Magna relativos al principio de autonomía universitaria, a las comptencias de las comunidades autónomas y al marco regulador de las universidades de la Iglesia católica.

El portavoz socialista, Jesús Caldera, aseguró que presentaron la iniciativa "en nombre de los ciudadanos", a la vista de las protestas masivas que ha recibido la ley por parte de los estudiantes, los profesores, las familias y los rectores.

Caldera dijo que con la LOU y la Ley de Calidad, el Gobierno del PP "quiere limitar el acceso de los jóvenes a la universidad, favorecer la enseñanza privad y utilizar la injerencia política para afectar a la autonomía universitaria".

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, confió en que el Tribunal Constitucional acabe con una "ley sumisa y privatizadora" que vulnera la autonomía universitaria y las competencias de las comunidades.

Según el diputado andalucista José Núñez, el Ejecutivo ha impuesto de forma unilateral una ley que se sitúa al margen de la Constitución, al dañar la autonomía de las universidades y entrometerse en las competenias autonómicas.

Joan Puigcercós, de ERC, hizo hincapié en la situación delicada en la que ha quedado CiU con esta ley, ya que la apoyó en el Congreso pero los informes de la Generalitat han advertido de la inconstitucionalidad de la norma.

Para José Antonio Labordeta, de Chunta Aragonesista, la ley "va en contra de que todo el mundo pueda ir a la universidad" y condena a los alumnos pobres a ir a centros de segunda categoría.

En el Grupo Mixto también apoyan el recurso Iniciativa per Catalua (IC), Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Eusko Alkartasuna (EA).

Por otra parte, la ministra de Educación, Pilar del Castillo, reafirmó su convencimiento de que el TC desoirá el recurso contra la LOU, porque el texto no contiene ningún elemento inconstitucional.

Del Castillo aseguró que "si alguien quiere seguir cuestionando la ley, está en todo su derecho", pero recordó que el Consejo de Estado ha dado el visto bueno a los aspectos jurídicos de una norma que ha tenido el mayor respaldo parlametario jamás cosechado por una reforma de la enseñanza superior.