En el recurso, que fue interpuesto el pasado sábado, el Ejecutivo Regional argumenta que determinados artículos de la Ley Orgánica de Universidades, como los reguladores de la creación y reconocimiento de Universidades, de la creación, modificación y supresión de departamentos, la regulación de la Agecia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y las condiciones de acceso a la Universidad, entre otros, contienen una regulación legal mínima con una remisión prácticamente en blanco al reglamento que dicte el Gobierno de la Nación, para que sea éste el que regule la materia en cuestión.

De esta forma, se considera vulnerado el principio de reserva de Ley en materia de derechos fundamentales, en este caso de la Educación, permitiendo que, al ser básica también la normativa que en esta matera dicte el Gobierno, sea éste quien finalmente establezca las competencias normativas que correspondan a la Comunidad Autónoma.

En opinión del Gobierno Regional está técnica, por la inseguridad jurídica que genera respecto del ejercicio de las potestades normativas que esta Comunidad Autónoma tiene reconocidas por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, supone una clara vulneración de la doctrina del Tribunal Constitucional respecto al instrumento adecuado para establecimiento de la normativa básia, que debe ser una Ley aprobada por el Parlamento de la Nación, y no un Reglamento aprobado por el Gobierno.

Por otro lado, se estima que la Ley Orgánica de Universidades vulnera en otros de sus preceptos, el principio de autonomía universitaria reconocido por la Constitución, al encomendar al Consejo Social de la Universidad, órgano de composición extrauniversitaria, la adopción de decisiones como la aprobación de las normas que regulen el progreso y permanencia de los alumnos en la Universidad, el ombramiento de gerente, la creación de fundaciones o empresas o la adscripción a la Universidad de Centros de Enseñanza Universitaria, que deberían corresponder a órganos propios de la Universidad.

Asimismo, el recurso se refiere a la discriminación que supone respecto a los centros públicos y privados el hecho de que esta Ley permita sólo a la Iglesia Católica crear universidades sin necesidad de ser reconocidas por una ley de la respectiva comunidad autónoma.

La Junta de Andalucía presentó hoy n recurso similar contra la LOU ante el Tribunal Constitucional.