En declaraciones a Servimedia, López Garrido señaló que "está bien" la intención del Gobierno de desbloquear la pasividad de la Administración con este proyecto, ya que "es la más importante de las futuras leyes que se puedan hacer en el campo de la justicia" y lamentó que "en los 13 años socialistas no se avanzara nada".

López Garrido denunció que "en estos momentos hay 250.000 casos atascados en los tribunales contenciosos-adminstrativos y esto equivale a que la Administraión pública está descontrolada o incontrolada desde el punto de vista judicial, con unos ciudadanos absolutamente desasistidos en el derecho a la tutela judicial y sujetos a la indefensión".

Por ello, valoró de "positivo todo aquello que vaya a combatir la pasividad del poder público, como los recursos contra la inactividad de la administración e incluso que se pueda llegar a acuerdos con la Administración en pleitos sin necesidad de acudir a los tribunales. Todo eso agiliza la acción administrativa". Respecto a los "actos politicos", aquellos actos del Gobierno que no se pueden recurrir ante la contencioso-administrativa, López Garrido señaló que el proyecto los reduce a dos casos: en el caso de relaciones internacionales y en el caso de actos del gobierno central y autonómicos que se refieran con otros órganos constitucionales o estatutarios.

En su opinión, cuando se refieren a las relaciones internacionales, señaló que "tiene su lógica que no sean recurribles ante la jurisdicción contencios-administrativa. Pero es extremadamente ambiguo qué quiere decir relaciones de los gobiernos con otros órganos constitucionales. No veo por qué actos que tienen que ver con relaciones del Gobierno con otros órganos constitucionales no puedan ser recurribles. Debería precisarse", matizó.

NUEVOS JUZGADOS

López Garrido afirmó que la creación de los juzgados de lo contencioso-administrativo "es lo más importante" de todo el proyecto de ley, ya que "se trata de que haya más jueces a niveles más cercanos l ciudadano. Se podrá así desatascar lo que ahora mismo es un atasco monumental en lo contencioso-administrativo".

Aunque el proyecto señala que se pondrá en marcha entre 1999 y el año 2000, a su jucio, "es algo tan absolutamente urgente, inmediato y primordial que no sé porqué hay que esperar tres años".

OFICINAS JUDICIALES

También puntualizó que para "desatascar" los juzgados, es necesario que exista "una reforma en paralelo de las oficinas judiciales. Las formas de funcionamiento de los juzgdos que son anacrónicas, de casi hace un siglo, y hacen dificilísima la gestión interna en los juzgados".

"La gran reforma de la justicia española no está sólo en la ley, sino en las formas de funcionamiento interno. El Consejo del Poder Judicial debe de tomar la iniciativa para poner en marcha una oficina judicial moderna que ha sido el gran agujero negro del anterior consejo", afirmó.

López Garrido denunció que "los juzgados tienen las oficinas más antiguas de españa sin parangón con otras oficnas oficiales o privadas. No funcionará nada bien, ni la ley de lo Contencioso-Adminstrativo, ni nada, sino se pone en marcha una reforma a fondo de la oficina judicial".