López Aguilar anunció, antes de entrar al acto inuagural de los cursos de verano de la Universidad Complutense, que ya se ha puesto en marcha la comisión mixta entre su ministerio y los representantes de los abogados para determinar que recursos y que retribuciones se asignarán a los letrados de oficio que se ocupan del caso 11-M.

Aún así, el ministro quiso dejar claro que la administración no aceptará cualquier cifra que demanden los abogados, y dijo que "mucha gente en este país no se puede permitir pagar 60.000 euros por un abogado y exactamente lo mismo cabe esperarse del Estado, que no va a aceptar porque si lo que pidan los abogados".