López Aguilar hizo esta afirmación en respuesta a una pregunta oral del diputado del PSOE Carlos González Serna, quien preguntó sobre el propósito del Gobierno en la creación de la nueva fiscalía.

Durante su intervención, el ministro puso de manifiesto la necesidad de poner en funcionamiento una estructuración funcional especializada, entre otros aspectos, en materia de medio ambiente y urbanismo.

Según López Aguilar, la creación de las fiscalías especiales, con competencia en todo el territorio nacional, se han revelado muy eficaces para enfrentar de modo especializado y con criterios unitarios determinadas modalidades delictivas, como el narcotráfico, el terrorismo o la corrupción.

El titular de Justicia recordó que, hace dos meses, el Ejecutivo acordó el reforzamiento y dotación de medios de los órganos ya existentes, al tiempo que aceptó la propuesta -elevada desde la propia Fiscalía- de crear veinticinco nuevas plazas de fiscal.

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

De estas plazas, dos se destinarán a la asistencia directa del nuevo fiscal de sala delegado de medio ambiente y urbanismo, precisamente para reforzar su dedicación a las cuestiones de ordenación del territorio, diecisiete se integrarán en la red de fiscales de medio ambiente y urbanismo, a razón de una por Fiscalía de Tribunal Superior de Justicia.

Las seis plazas restantes serán para la designación de nuevos fiscales delegados de la Fiscalía Anticorrupción en los territorios que la Fiscalía General estime necesario dotar con esa figura.

Asimismo, el ministro recalcó que el marco de las competencias entre Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo y Fiscalía Especial Anticorrupción está bien delimitado, de manera que la segunda debe intervenir sólo en aquellos casos en que exista algún género de organización criminal.

A su vez, el fiscal delegado de medio ambiente y urbanismo coordina toda la actividad del Ministerio Fiscal en su ámbito en la medida en que no se den los requisitos para atribuir la competencia a la primera.

De este modo, salvo en esos supuestos excepcionales, la ordenación del territorio, que afecta esencialmente al ámbito municipal, quedaría por regla general fuera del campo de actuación de la Fiscalía Anticorrupción.

Finalmente, López Aguilar recordó que en el acuerdo del Gobierno para reforzar al fiscal de medio ambiente y urbanismo, además de las unidades policiales se contempla la creación de una unidad adscrita a la fiscalía en materia de medio ambiente y urbanismo.

Además, las unidades de la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado que están adscritas a la Fiscalía Anticorrupción pueden apoyar el trabajo del fiscal de medio ambiente y urbanismo.