López Aguilar participó en un curso de verano de la Universidad San Pablo-CEU sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica, poco antes de que lo hiciera también el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares.

Después de la polémica suscitada por unas declaraciones suyas del día anterior, el ministro aseguró que nunca habló de modificar el artículo 16 de la Constitución para reforzar el laicismo del Estado.

Según explicó, defendió ese laicismo sin vincular ambos aspectos, sino hablando de otros asuntos. Aseguró que la Carta Magna es susceptible de ser modificada para mejorar su funcionamiento, como ya ha propuesto el Ejecutivo en cuatro aspectos concretos.

En un tono distendido después de reconocer que se encontraba en un foro no demasiado favorable, el ministro recordó que la presente es una legislatura "de cambios". pero aseguró que entre los previstos no está "el de afectar en ningún punto a los acuerdos con la Santa Sede", que el Gobierno cumple con "generosidad".

Afirmó que no se trabaja "en ninguna dirección que comprometa la vigencia de esos acuerdos", pero dejó claro también que ese carácter aconfesional del Estado consagrado en la Constitución supone la desvinculación de la orientación política legislativa de ninguna confesión.

Por tanto, concluyó, el Gobierno está legitimado para llevar adelante el programa electoral con el que concurrió a las elecciones generales.

En todo caso, el ministro juzgó que existen cuestiones "abiertas", normales en democracia, fruto de reivindicaciones o de sentimientos de agravio, sobre las que se debe hablar, y esa es la voluntad del Gobierno.

López Aguilar se refirió a la cuestión religiosa como una de las esenciales que debió resolver la Constitución de 1978 después de casi dos siglos de continuas frustraciones, junto a la disyuntiva entre monarquía y república y la regulación de las relaciones entre los territorios, y sentenció que se resolvió con gran "sabiduría y acierto".

En ese proceso, la historia confesional de España con el catolicismo como única y verdadera religión de España, y la total desvinculación establecida en la Constitución de 1931, eran "dos ejemplos de los que aprender" lo que no se debe hacer.

El ministro elogió el "acierto" con el que la Constitución de 1978 garantiza la libertad religiosa y de culto y la reviste de tutelas directamente invocables por los ciudadanos, amén de prohibir discriminación de cualquier tipo por estos motivos.

Ese mismo precepto, recordó, concluye que España es un estado aconfesional, aunque mandata a una cooperación con la Iglesia católica, la única confesión a la que menciona por su nombre.

Esa cooperación se ha plasmado en varios acuerdos en materia educativa y cultural, y también financiera, con un complejo sistema que no se basa sólo en la asignación de un porcentaje del IRPF, sino también en exenciones fiscales y en métodos de compensación en caso de que las necesidades de la Iglesia no se puedan satisfacer únicamente con esas asignaciones tributarias.

Se trata, dijo, de un marco de cooperación que desmiente por sí sola cualquier "prejuicio o falsa apariencia de desvinculación" de un Gobierno respecto de la Iglesia católica.

Esa desvinculación en el ámbito financiero, aseguró, sería "bastante imposible". "Sería muy difícil esperar de ningún Gobierno que inflexionase en ninguna dirección ajena a este marco", añadió López Aguilar, despejando posibles dudas sobre las intenciones del Ejecutivo en este sentido.