Lokarri añadió en un comunicado de prensa que esta ilegalización supone que una parte de la ciudadanía vasca se vea "privada de su derecho a participar en los asuntos públicos, de la libertad de opción política y expresión electoral y del derecho de reunión y de asociación pacíficas, todos ellos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la propia Constitución española".

"El Gobierno de Rodríguez Zapatero sigue el mismo camino emprendido por los anteriores gobiernos del Partido Popular. Después de haber apostado por el diálogo como vía para resolver los problemas que padece la sociedad vasca, una vez que ETA rompió el alto el fuego ha decidido volver a utilizar la receta del recorte de libertades", señaló la Red ciudadana por el acuerdo y la consulta.

La organización Lokarri se pregunta qué ha cambiado desde que hace poco más de un año "muchas candidaturas de ANV pasaron el filtro impuesto y pudieron presentarse a las elecciones municipales y forales".

"Esta ilegalización, es un claro ejemplo de utilización de la Justicia dentro de la estrategia del 'todo vale' para combatir a ETA", denunció.

Para Lokarri, "un Estado de Derecho no puede pretender que miles de ciudadanos/as queden excluidos de una vida política normalizada. La sociedad vasca reclama desde hace muchos años que se den los pasos necesarios para garantizar el respeto a todos los Derechos Humanos, el pluralismo, la igualdad de oportunidades y una convivencia pacífica y democrática".

La organización opinó que "esta sentencia nos aleja un poco más de este objetivo, refuerza el bloqueo y el deterioro en el proceso hacia la paz y la normalización y es un nuevo obstáculo para poder avanzar en dicho proceso. Es más, la aplicación de esta sentencia generará mayor tensión en ayuntamientos y diputaciones forales, instituciones en las que está representada ANV".

"En próximas fechas el Tribunal Supremo decidirá sobre la demanda que solicita la ilegalización del PCTV. Esta ocasión es una buena oportunidad para demostrar el respeto a los Derechos Humanos y la libertades democráticas básicas y para que el Gobierno dé un giro a su estrategia bloqueadora del proceso hacia la paz. Continuar por esta senda sólo consigue agravar los problemas y dificultar las soluciones", concluye el comunicado de Lokarri.