Llop hizo esta petición a Lesmes en una reunión que tuvo con los miembros de la Sala de Gobierno del Supremo para abordar las necesidades de este órgano.

La titular de Justicia trasladó a Lesmes que “no puede tratar con normalidad una situación que no es de normalidad, por eso pedimos disociar una cosa de la otra”, en referencia a que hay que saber qué necesidades del Supremo derivan de la litigiosidad y cuáles de la no renovación del CGPJ.

Llop indicó que Justicia tiene la voluntad de resolver la situación en la que se encuentra el Supremo debido a la alta litigiosidad a la que tiene que hacer frente. “Hay numerosos problemas estructurales que se arrastran desde hace años. Lo que es nuestra competencia, lo estamos resolviendo”, afirmó.

“REFUERZO EXTRAORDINARIO”

En ese sentido, la ministra resaltó que es la primera vez que su Ministerio plantea una batería de medidas de choque para atender las necesidades del Alto Tribunal. Según la titular de Justicia, su objetivo es que “con estas medidas llegue la lógica del siglo XXI a la tramitación de los procedimientos, y eso implica cambios, como la aplicación de inteligencia artificial”.

Actualmente, se encuentra en vigor, hasta finales de este año, un “refuerzo extraordinario” aprobado por el Ministerio, en abril de 2021, consistente en el nombramiento de un total de 12 letrados con el fin de apoyar en las tareas de admisión e inadmisión, incidentes de nulidad y quejas, entre otros asuntos, que configuran el 90% del trabajo del Supremo. “Es una medida de carácter extraordinario que no tiene precedentes”, subrayó la ministra.

Del mismo modo, el Ministerio ha impulsado una medida que contempla la subida salarial de los funcionarios del Supremo, aumentando sus retribuciones para equipararlas a la media de salarios del territorio transferido. “Se trata de una reivindicación histórica paralizada más de 10 años y que ha resuelto este Ministerio en consenso con los sindicatos”, afirmó la titular de Justicia.

Por otro lado, en la reunión entre Llop y la Sala de Gobierno del Supremo también se abordaron reformas legislativas como la de casación civil, penal y de lo contencioso-administrativo. En cuanto a la primera, la civil, incluida en la Ley de Eficiencia Procesal, el nuevo modelo que se propone simplifica la concepción del recurso; se fortalece el interés casacional de la interpretación de las normas; y se garantiza la celeridad en los tiempos de respuesta de la Sala Primera, mediante la simplificación de la fase de admisión, entre otras mejoras.