Según informó Justicia, esta guía analiza la intervención en estas comparecencias penales de la psicología forense y, en concreto, de la prueba preconstituida.

En la presentación, Llop destacó que con este trabajo se pretende “minimizar el riesgo de victimización secundaria”, al evitar que menores y personas con discapacidad “tengan que volver a declarar en el acto del juicio oral”. Añadió que otro fin es “salvaguardar la calidad de su testimonio como elemento probatorio, al evitar que pueda alterarse o contaminarse con el transcurso del tiempo y preservarlo al grabarse la declaración”.

La ministra apuntó que la guía nace del “compromiso” del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos y la Asociación de Psicología Forense de la Administración de Justicia “de brindar una especial protección a menores y a personas con discapacidad durante su participación en el proceso penal, en atención a sus particulares circunstancias, pero también para dar relevancia al papel que la psicología forense presta el servicio público de Justicia”.

“HUMANIZAR” LA JUSTICIA

Entre los objetivos concretos de la guía están proporcionar recomendaciones de actuación a psicólogos forenses cuando intervienen en la declaración de menores, adolescentes y personas con discapacidad necesitadas de especial protección. También se pretende mejorar la atención a la víctima y prevenir la victimización secundaria durante todo el procedimiento.

Además, se busca promover la coordinación interinstitucional; trasladar a operadores jurídicos y partes intervinientes en la prueba las condiciones y pautas más adecuadas de actuación en beneficio de la víctima y del procedimiento; o contribuir “a humanizar la Justicia y sensibilizar a los grupos de interés y a la ciudadanía, entre otros objetivos”.

En el acto de presentación estuvieron presentes el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, y la directora general para el Servicio Público de Justicia, Maria dels Àngels García Vidal, entre otros.