Llop se refirió a esta cuestión, en declaraciones a los periodistas, tras clausurar en la sede de su departamento la jornada 'Robotización e Inteligencia Artificial en la Justiciai', organizada junto al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la patronal de la industria tecnológica industrial Ametic.

La titular de Justicia fue preguntada por los informadores sobre el hecho de que la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) hayan pedido la dimisión de Delgado por el llamado 'caso Stampa'. Demandan esta renuncia después de que se haya sabido que la responsable del Ministerio Público, aunque lo negó, fue informada de la evolución del expediente al fiscal Ignacio Stampa mientras estaba en curso.

A este respecto, Llop señaló que “el Gobierno respeta absolutamente la independencia de la Fiscalía” y que uno de los elementos que refuerzan esta autonomía es que, una vez designado el responsable de esta institución, no puede ser cesado. Destacó que esta inmovilidad en el cargo es una garantía que “va en la línea de los parámetros internacionales del Consejo de Europa”.

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Por otra parte, Llop también se refirió a que dos candidatos a dirigir la Agencia de Protección de Datos (AEPD) hayan recurrido al Tribunal Supremo que, para renovar esta institución, el Gobierno haya enviado al Congreso una lista de candidatos para ocupar la presidencia y la vicepresidencia. Según los recurrentes, esto vulnera la legislación y esconde que el Ejecutivo ya ha pactado con el PP los nuevos responsables de este órgano.

En este sentido, la ministra se refirió a que el procedimiento para elegir al presidente y vicepresidente de la AEPD tiene un procedimiento “que requiere un acuerdo político”, en referencia a que los candidatos son designados tras una votación favorable en las Cortes.

“No se trata de un concurso ordinario o un concurso sólo de méritos”, dijo la titular de Justicia, quien señaló que por eso la Abogacía del Estado ha avalado que se proponga al Congreso una “terna” de candidatos, con el fin de que esto facilite el acuerdo y el procedimiento de renovación no deba iniciarse desde el principio.