"En vez de luchar contra el virus de la crisis, lo alimenta, alimentando el consumo, alimentando la injusticia en el reparto de la riqueza con regalos fiscales y la supresión de los impuestos más potentes", explicó Llamazares en una rueda de prensa en la sede de IU.

El líder de IU denunció que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero llevaba tiempo poniendo "paños calientes a la crisis, ha dejado que la crisis avance y se instale, por motivos puramente electorales. Debía haber tomado medidas hace meses".

Las medidas aprobadas en el primer Consejo de Ministros de la IX legislatura "no sólo son tardías, sino insuficientes desde el punto de vista social y laboral, contraproducentes e injustas con el reparto de la carga de la crisis", que tendrá un mayor impacto sobre los trabajadores.

Por ello, anunció que rechazará las medidas del Gobierno, que "acentúan la debilidad crónica de nuestra economía, que son los desequilibrios sectoriales y sociales", suponen un "giro al centro derecha, son medidas liberales en términos económicos, y no sociales o medioambientales".

A su juicio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha acertado al "abrir el debate ideológico", pero se ha "equivovcado de lugar", porque es el PSOE el que tiende al liberalismo económico y "no tiene nada de socialdemócrata".

El coordinador de Economía y Empleo de IU, Javier Alcázar, lamentó que el Gobierno socialista "abdica de favorecer un cambio social y productivo", porque sus propuestas económicas son "la misma gasolina para el mismo depósito", y no tiene en cuenta que el modelo "está agotado".

AHORRO A LOS PRIVILEGIADOS

En su opinión, un Gobierno de izquierdas debe apostar por un modelo económico con mayor capacidad de distribución, dignificar las condiciones de vida, abordar el impacto ambiental y modernizar la estructura productiva.

En lugar de eso, ha aprobado medidas que benefician a 35.000 personas privilegiadas, "que van a ahorrarse más de 900 millones de euros con la supresión del impuesto de patromonio.

Insistió en que las empresas que declaran entre 6 y 30 millones de euros van a dejar de pagar 60.000 euros, y las que declaran más de 30 millones de euros, dejarán de aportar más de 350.000 euros año.

En este sentido, el Gobierno "pretende acabar con el fraude fiscal eliminando el impuesto, es la forma más regresiva de abordar una situación de injusticia social", en un país donde hay un 23% de dinero negro, y en el que circulan "descontrolados" el 26 por ciento de los billetes de 500 euros.

Alcázar anunció que respaldará la huelga prevista por los técnicos de Hacienda para pedir la creación de un cuerpo que permita supervisar a las empresas que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros, "donde mayor fraude se produce", 60.000 empresas que ahora inspeccionan menos de 900 técnicos en todo el país.

"Si el Gobierno creara este cuerpo, el coste para el Estado no sería superior a 18 millones de euros, y la recaudación potencial estaría por encima de los 6.000 millones de euros", explicó el responsable económico de IU.

MEDIDA "PERVERSA"

Por otro lado, Alcázar arremetió contra el "regalo" fiscal de 400 euros que no beneficiarán a las personas que más lo necesitan, los que declaran menos de 13.000 euros al año, lo que supone una orientación de la política económica "muy perversa".

Emplazó al Ejecutivo a dedicar parte de los 6.000 millones de euros que costará esta medida a aumentar la vivienda protegida, la rehabilitación y la modernización del sector de la construcción, con la incorporación de las energías renovables.

IU propone que otros 1.000 millones de euros se dediquen a la atención a la dependencia y la generalización de la educación de cero a tres años; y 1.500 millones de euros más a mejorar las rentas de las pensiones más bajas, sobre todo las no contributivas, que provovan unos niveles de pobreza insostenibles.

Además, quiere que se dedique parte de este presupuesto a modernizar e invertir en servicios públicos de empleo, la personalización de itinerarios profesionales para más de dos millones de ciudadanos desempleados, y otra parte a la integración de los inmigrantes, el segmento que más va a pagar las consecuencias de la desaceleración.

En definitiva, IU reclama un cambio del modelo económico que contribuya a reducir el déficit comercial, que llega casi al 10 por ciento del PIB y multiplica por cinco la media de la UE de los 15; y favorezca el gasto social, por lo que avanzó que su formación será "muy crítica" y apoyará la movilización social.