Exigió, además, que no mantengan la actitud "hipócrita" de mostrarse preocupados por los desaparecidos en Argentina, mientras "obstaculizan" investigaciones similares en España.

Garzón solicitó ayer al Gobierno un informe sobre el número de desaparecidos "a partir del 17 de julio de 1936 como consecuencia directa del denominado alzamiento nacional y la situación de guerra civil que provocó y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España".

El magistrado se dirige al Ministerio del Interior y al de Defensa, a los que pide, en caso de no poder atender su requerimiento, que identifiquen al organismo competente para realizar tal informe.

Esta petición del juez se enmarca en las gestiones que está realizando para decidir si admite a trámite las denuncias presentadas desde hace un año por asociaciones de recuperación de la memoria histórica de toda España, que piden esclarecer el paradero de más de 1.200 desaparecidos, la mayoría en Cataluña.

DELITO DE LESA HUMANIDAD

Garzón también reclamó ayer a los responsables de estas asociaciones, que consideran que el delito imputable en estos casos es el de lesa humanidad y por tanto no prescribe, que detallen en la medida de lo posible las circunstancias de las desapariciones.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha pronunciado en contra de admitir a trámite las denuncias. Sostiene que el delito de lesa humanidad no se puede aplicar a este caso porque no existía cuando ocurrieron los hechos, puesto que esa figura penal entró en vigor en España en 2004.

Llamazares instó al Gobierno a que "no impida la investigación" y anunció que "nos vamos a dirigir a la Fiscalía" para que no pase como con los vuelos de la CIA, que, tras las primeras denuncias, transcurrió "un año diciendo que no pasaba nada".

En su opinión, resulta "hipócrita" que tanto la Fiscalía como el Ejecutivo "estén más preocupados de los desaparecidos en América Latina que de los desaparecidos en España" y por ello emplaza a ambos a "no obstaculizar la investigación".

En concreto, Llamazares instó al Gobierno a desarrollar en toda su extensión lo contemplado en la Ley de Memoria Histórica, de la que "parecen haberse olvidado a pocos meses de aprobarla".