"Si durante dos años la Fiscalía dice haber estado investigando y sus conclusiones son las que figuran en la nota que he hecho pública, verdaderamente habría que suspenderle el sueldo, porque eso es un fraude a los contribuyentes españoles que no pagan sus impuestos para que se produzca un resultado tan lamentable", explicó.

Del Burgo se declara "sorprendido" y "abohornado" como jurista por el informe emitido por la Fiscalía Anticorrupción al considerar que es "arbitrario" y que "conculca derechos fundamentales".

Según el PP, acusar de "fraude generalizado" en la concesión de ayudas al cultivo del lino sin poder acusar concretamente a nadie por desconocer la identidad de los infractores, atenta contra el principio básico de presunción de inocencia.

"Imputar `urbi et orbi' a todo mundo, después de dos años de investigación, sin poder acusar a nadie es una iresponsabilidad", aseguró en una rueda de prensa ofrecida en el Congreso.

Igualmente, el diputado popular considera contrario a los principios del derecho el acusar a nadie por "meras conjeturas" que es lo único que esgrime la Fiscalía al hablar de la supuesta existencia de incendios provocados en industrias transformadoras de lino para ocultar que este producto vegetal no era utilizado para los fines que imponía como condición las subvenciones.

"Los hechos judicialmente establecidos sobre los incndios ocurridos demuestran que el Fiscal no dice la verdad en este punto de su informe", espetó Del Burgo.

Encontró extraño que la Fiscalía Anticorrupción sólo haya investigado dos de las empresas afectadas y no comprende cómo extrae la conclusión de que existió fraude generalizado, puesto que para ello se debieron estudiar todos los casos que se produjeron.

Además, denunció, ninguna de las dos empresas citadas fueron objeto de investigación, por lo que supone que la documentación examinada por l Fiscalía es la de la Junta de Castilla-La Mancha, que es también la que sirvió de base para retirar las autorizaciones. Esos documentos "no son dogma de fe", según Del Burgo, porque están pendientes de la consideración de los tribunales contencioso-administrativo.

En todo caso, "resulta insólito que un procedimiento sancionador como este no haya requerido información directa de los supuestamente responsables. Es verdaderamente de chiste".

Pese a las irregularidades denunciadas por el PP, Jaime Inacio del Burgo extrajo la conclusión política de que la responsabilidad de que se produjera fraude fue de gobierno socialista de Castilla-La Mancha.

Así, se preguntó si los servicios de inspección de la Junta de Castilla-La Mancha "estaban de vacaciones", por lo que insistió en que la responsabilidad fue enteramente del Ejecutivo autonómico y de la "mala gestión del señor Bono que fue incapaz de enterarse de lo que estaba ocurriendo con el lino en las empresas transformadoras".

Además, reprochólos socialistas su satisfacción por esta decisión "judicial" puesto que, a su juicio, esto es "sólo un papelito de la Fiscalía y no una decisión judicial".

Por su parte, el portavoz del PSOE en materia de Agricultura, Jesus Cuadrado, destacó el tono "contundente" del informe de la Fiscalía y criticó a la actitud "irresponsable" del Gobierno por "insultar al PSOE que cumplía con su obligación" al denunciar el caso.

Para Del Burgo, lo que hizo realmente el Partido Socialista fue atribuir a la entoces ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, la creación de una "mafia" de altos cargos en su departamento que, "basándose en información privilegiada, estaban lucrándose de unas subvenciones de la Unión Europea"

Algo que desmintieron las conclusiones de la subcomisión de estudio de este caso y que, a juicio del PP, no queda desacreditado por la resolución de la Fiscalía Anticorupción, que en ningún caso pone en cuestión la validez de las citadas conclusiones.

Según Francisco Amarillo, uno de os representantes del PSOE en esa subcomisión, el informe conocido hoy pone en evidencia y descredita a Loyola de Palacio, que debería dar explicaciones sobre lo ocurrido bajo su mandato.