En declaraciones a Servimedia, Llamazares respondió así a la decisión de la Comuisión Europea de personarse como parte afectada en el 'caso del lino', provocado por el supuesto fraude en el cobro de subvenciones comunitarias a este cultivo por parte de agricultores españoles.

Para el líder de IU, esta decisión del Ejecutivo comunitario, paralela a una propuesta de sanción de 21.000 millones de pesetas al Gobierno español, demuestraque "lo que dijo Loyola de Palacio de que la denuncia del fraude era una cuestión meramente electoral sin ningún viso de realidad no es cierto".

"El fraude existe, y existe a tal nivel que incluso la Comisión Europea se persona para resarcirse de él", insiste Llamazares, para quien "eso debe determinar que la ex ministra de Agricultura, que dijo que dimitiría si se demostrara que hubo fraude, asuma su responsabilidad".

A su juicio, "es difícil la posición de una vicepresidenta de la Comisión Euroea que al mismo tiempo ha sido la responsable de un fraude, en uno de los países miembros, en relación a los fondos comunitarios. Es incompatible que continúe como miembro de una institución que se va a personar contra sí misma, contra sus propios actos. Es una situación contradictoria, esperpéntica, y para que se solucione no cabe otro camino que la dimisión".

DENUNCIAR A LOS DEFRAUDADORES

Por otra parte, Llamazares indicó que las administraciones españolas deberían seguir el ejemplo de la ComisiónEuropea y, sin perjuicio de que asuman su responsabilidad política y adminstrativa "por acción, omisión o connivencia" con quienes cometieron el fraude, pongan ante los tribunales a quienes de forma ilegal se llevaron el dinero de las subvenciones.

Insistió en que "quienes han cometido el fraude no pueden irse de rositas. La Administración española debe responder por su falta de celo o de control de las subvenciones, pero además debe denunciar a los defraudadores, teóricos agricultores que son empresaios desaprensivos y se han llevado las ayudas de forma ilegal".

El dirigente de IU subrayó que "España debe defender sus intereses" y pagar la sanción correspondiente al "fraude real", ya que todas las ayudas cobradas en las tres campañas no fueron cobradas de forma ilícita, aunque las instituciones comunitarias han propuesto que el Ejecutivo español reintegre todo el monto de las subvenciones.